Entre septiembre de 2025 y enero de 2026, el gobierno de Donald Trump presentó una campaña para frenar el tráfico de drogas por mar, con dos tipos de acciones: ataques militares contra presuntas narcolanchas y grandes decomisos de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG). Trump ha afirmado que esa ofensiva ya “eliminó casi todo lo que entra por agua”. La pregunta central es si eso se puede comprobar con datos públicos y si ya se nota en un menor consumo de drogas entre los estadounidenses.
Por el momento, no hay elementos que permitan hacer una medición rigurosa, además de que las encuestas sobre consumo de drogas más recientes son de 2024, y si bien ese informe muestra una reducción de muertos, las causas son muy diferentes y anteriores a la era Trump en su segundo periodo.
Los ataques se concentraron en el mar Caribe frente a Venezuela y en el océano Pacífico frente a costas mexicanas y colombianas.
El ejército dijo que el conteo llegó a 36 ataques, con al menos 126 fallecidos, incluidas 10 personas que se presume murieron, porque no fueron localizadas después de los ataques. “Ese detalle importa porque mezcla muertes confirmadas con personas no localizadas y porque no existe un registro público completo, incidente por incidente, que permita auditar con facilidad identidades, pruebas y carga incautada”, dice a EL UNIVERSAL la analista Bárbara Gutiérrez.
La discusión se volvió más intensa cuando aparecieron reclamos legales de familiares.
La otra parte del esfuerzo en altamar fue el embargo y el decomiso, con cifras muy grandes y comunicados formales. La Guardia Costera informó que en 2025 incautó más de 511 mil libras de narcóticos en el Pacífico oriental y el Caribe, con un valor de más de 3 mil 800 millones de dólares. También afirmó que esas acciones evitaron que más de 193 millones de “dosis potencialmente letales” llegaran a comunidades en Estados Unidos. Pero Gutiérrez resalta que “un decomiso mide lo que se intercepta, no lo que logró pasar ni el tamaño real del mercado”; advierte que cuando se mezclan un año calendario (enero a diciembre) y un año fiscal estadounidense (octubre a septiembre), “el riesgo de confusión aumenta, porque los periodos no son exactamente los mismos”. En las últimas semanas Trump ha declarado reiteradamente: “Hemos eliminado 97% de las drogas que entran por agua”.
Para que un “97%” sea comprobable, se necesita un denominador: cuánto entraba por mar antes y cuánto entra ahora, con una metodología pública. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) ha explicado que métricas como la “tasa de remoción” se construyen con estimaciones del “flujo” en la zona de tránsito, no con una contabilidad completa de todo lo que se mueve. Eso significa que el porcentaje depende de supuestos, inteligencia disponible y capacidad de detección.
Una auditoría reciente de GAO sobre la Guardia Costera dice que no cumplió la meta de su medida principal de desempeño en el decomiso de drogas en ninguno de los 10 años del año fiscal 2015 al año fiscal 2024. GAO atribuyó parte de ese resultado a retos persistentes de activos y personal. Este tipo de hallazgos contradice la idea de “control total” y muestra por qué los grandes números de decomiso no se traducen automáticamente en porcentajes absolutos.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (OIG, del DHS) concluyó que la USCG “no pudo embargar consistentemente” embarcaciones no comerciales que contrabandeaban drogas. El informe señaló que, entre el año fiscal 2021 y 2023, se decomisó una estimación alrededor de 422 toneladas métricas de cocaína, por debajo de una meta de 690 y documentó 2 mil 58 días acumulados de indisponibilidad de embarcaciones.
Incluso si se aceptara que la presión en altamar ha reducido parte del flujo por mar, la pregunta clave es: ¿Ha bajado el consumo en EU?
Para evaluar el consumo de drogas entre estadounidenses, “la referencia principal no son los decomisos, sino encuestas y datos de salud”, señala Gutiérrez. El estudio federal más usado es la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud (NSDUH), operada por la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA). En ella, se señala que, en 2024 en EU, aproximadamente 73 millones 600 mil personas de 12 años o más, 25.5% de la población estadounidense, reportaron uso de drogas ilícitas en el último año. Ese dato describe un nivel alto de consumo y no depende de cuántas embarcaciones se detuvieron en altamar.
Además, el último dato anual completo disponible públicamente es 2024, por lo que “todavía no existe un antes y después oficial que mida el impacto específico de una campaña anti-narcolanchas sobre el consumo nacional”, dice Gutiérrez.
El dato de salud pública que sí cambió de forma clara fue la mortalidad por sobredosis en 2024, y ese cambio ocurrió antes de que iniciaran los ataques y decomisos de 2025. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informó que la tasa de muertes por sobredosis bajó 26.2% de 2023 a 2024 y que el total de muertes por sobredosis en 2024 fue 79 mil 384 personas. El documento del NCHS mostró que las muertes por “opioides sintéticos distintos de la metadona”, como el fentanilo, bajaron 35.6% de 2023 a 2024. También reportó descensos en muertes que involucraron cocaína. Esto confirma una mejora en mortalidad, pero no prueba, por sí mismo, una baja equivalente en consumo.
Cuando se pregunta por las causas de la baja de sobredosis, los especialistas no señalan una sola acción. Un análisis de PolitiFact resumió que la caída responde a “muchas razones” y citó factores como mayor acceso a naloxona (medicamento de acción inmediata) y tratamientos, además de cambios en el suministro.
Un documento del American Immigration Council sostiene que “la mayoría de las incautaciones de fentanilo ocurren en puertos de entrada terrestres” y concluye que gran parte del contrabando se hace por personas que pueden entrar legalmente, ocultándolo entre cruces normales. “Si el opioide más asociado a muertes recientes entra sobre todo por rutas terrestres y cruces formales, entonces el efecto de una estrategia enfocada en altamar tiene límites claros sobre el consumo total”, dice la experta.
Además, el epidemiólogo Carl Latkin, profesor de salud pública en la Universidad Johns Hopkins, dijo a la agencia AP que es “absurda” la idea de que cada ataque tenga un efecto fijo en vidas salvadas y agregó que la evidencia “carece de credibilidad”. Este tipo de crítica no niega que un decomiso interrumpa cargamentos. En resumen, “no hay evidencia verificable para sostener que la ofensiva de ataques a narcolanchas y los decomisos en altamar ya hayan provocado una disminución importante y medible del consumo de drogas entre los estadounidenses”, concluye Gutiérrez.
dft
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