San José. – “Perversión”, “horror”, “maldad”, “frialdad”, “nefasta”, “tortura”.

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Con cada palabra que pronunciaron el pasado 27 de febrero ante un tribunal de Argentina, las argentinas Adriana Rut Marcus y Alicia Ruszkowski recordaron con dramatismo su paso como prisioneras que sobrevivieron al centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, en la dictadura militar derechista que gobernó en ese país de 1976 a 1983 por la vía del golpe de Estado.

Con testimonios para intentar derrotar la impunidad, ambas aportaron una emotiva crónica sobre las adopciones ilegales ejecutadas por la dictadura de Argentina con el robo de personas recién nacidas y arrebatadas a sus madres detenidas en las cárceles militares y, luego de parir, desaparecidas a la fuerza por el régimen castrense.

Adriana y Alicia comparecieron en un juicio en desarrollo contra el argentino Adolfo Miguel Donda Tigel, teniente de navío y oficial de inteligencia en la ESMA, en un caso peculiar: está acusado de ser el presunto autor en 1977 de un hecho que dañó a su familia.

La argentina María Hilda Pérez, esposa del argentino José Laureano Donda —hermano del acusado—, dio a luz en la ESMA a Victoria en 1977. A Adolfo, hermano de José Leandro y cuñado de María Hilda, se le acusó de robarse a Victoria —su sobrina— y darla en adopción ilícita a uno de sus amigos íntimos, el jefe castrense argentino Juan Antonio Azic.

María Hilda y José Laureano fueron detenidos en 1977 —ella en marzo con cinco meses de embarazo y él en mayo— por integrar la guerrilla izquierdista argentina de Montoneros y sufrieron desaparición forzosa. Al ser arrestados tenían una hija de cinco meses que quedó con la abuela materna (no trascendió su nombre).

Adriana estuvo presa la ESMA de agosto de 1978 a abril de 1979 por motivos de los que tampoco se informó. En mayo de 1979 fue obligada a viajar con otras detenidas a México con Adolfo, alias “Jerónimo”, y el militar Alberto Eduardo González Menotti, alias “El Gato”.

“En un momento que caminábamos con ‘Jerónimo’ por la capital (mexicana) me contó que tenía un hermano y su cuñada que eran ‘terroristas subversivos como vos’, y me dijo que tenían una hija que él la estaba criando porque era el tío. Muchos años después me enteré que había otra niña nacida en la ESMA y que había sido entregada a personal del campo de concentración”, refirió Adriana.

“Me dijo que no los había podido salvar, que no tenía nada que ver con eso, que eran subversivos y les tocaba esa”, agregó.

“No hubo dramatismo en su tono, fue como de la nada (…) de repente lo contó y me sorprendió”, explicó.

Al señalar que “me horrorizó que pudiera hablar así de su hermano y cuñada”, reprochó que “la nefasta contribución de los perpetradores” fue “otro crimen” y un “ataque a la salud colectiva” y admitió que “el comentario (en México) me conmovió profundamente y recuerdo que no indagué al respecto”.

Los bebés “nacieron” en condiciones con “madres torturadas”, aseveró.

Alicia, por su parte, rememoró que cayó presa en la ESM en diciembre de 1979 (tampoco se informó sobre las causas) y que “en muchas oportunidades” fue interrogada por Adolfo en procesos “largos y ponían las luces muy fuertes” que “nunca me voy a olvidar”.

Para “amedrentarme y presionarme, son estas las palabras que él me dice: ‘Esta es una guerra. Yo no tengo culpa. No se puede ser piadoso con el enemigo ni condescendiente. No lo fuimos con mi hermano, que fue monto (de Montonero), ni con mi cuñada’. Estas son palabras que las tengo grabadas en mi mente”, narró.

La “perversión” y la “maldad” vividas en los “centros clandestinos” llegaron “a límites muy grandes”, reiteró.

Tras plantear que “la frialdad con la que él manifestó eso me dejó atónita”, mencionó que “estaba hablando de su propio hermano, de su hermano de sangre, de su hermano menor (…) y de su cuñada”.

“La cara de él no me la olvido nunca”, subrayó.

Victoria se enteró en octubre de 2004 de su identidad real, de que sus progenitores están desaparecidos y recuperó sus apellidos.

En el juicio, Adolfo alegó: “Yo no tuve nada que ver con la suerte que corrieron mi hermano y mi cuñada, si pudiera haberlos ayudado lo hubiera hecho, no tuve contacto ni conocimiento”.

La historia de Victoria, María Hilda, José Laureano, Adriana y Alicia fueron compartidas a EL UNIVERSAL por Abuelas de la Plaza de Mayo.

Fundada en 1977 en Buenos Aires, Abuelas es una instancia no estatal de derechos humanos de mujeres que buscan a hijas e hijos que desaparecieron en la dictadura y a nietas y nietos que fueron robados para ser vendidos, regalados o negociados en adopciones ilegítimas. De 1978 a diciembre de 2022, Abuelas localizó a 131 nietas y nietos.

La detención y desaparición forzada se aplicó en Argentina y los jerarcas de la junta militar fueron condenados a prisión por violaciones a los derechos humanos. El aparato represivo conspiró con redes judiciales y activó las adopciones ilegales de centenares de hijos e hijas entre unas 30 mil mujeres y hombres desaparecidos y asesinados.

Las adopciones indebidas también proliferaron en las décadas de 1970 y 1980 en los gobiernos dictatoriales derechistas de Chile y Uruguay.

Unos 35 mil menores guatemaltecos, en especial indígenas, fueron robados, desaparecidos y vendidos para adopciones ilícitas en Guatemala de 1980 a 2007, en parte del régimen militar que gobernó de 1954 a 1986.

Honduras destapó en 2019 un negocio en empobrecidas aldeas hondureñas de comprar recién nacidos a unos mil dólares para adopciones irregulares dentro y fuera de ese país.

La evocación del tenebroso fenómeno coincidió con el recuerdo mañana del Día Internacional de las Mujeres.

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Atada a los barrotes de una cama

Nacida el 5 de noviembre de 1986 en un hospital de Guatemala, Mariela fue robada dos días después y estuvo 11 meses desaparecida y atada por los pies a los barrotes de una cama en la capital de ese país. Unos guatemaltecos la vendieron en 18 mil dólares en 1987 a una agencia de adopciones de Guatemala que la ofreció a una familia belga.

Lorena, guatemalteca y madre biológica de Mariela, recibió el 12 de diciembre de 2017 un mensaje en WhatsApp que la conmocionó. “Mamá, no estoy muerta”, le informó Mariela a Lorena tras varios meses de indagar sobre su caso y hallar la verdad.

Lorena creyó por 31 años que su hija murió el 7 de noviembre de 1986 y se le sepultó en una fosa común en Guatemala.

Por temor a represalias, Mariela se reservó los apellidos de sus parientes y se identificó como Coline Fano, el nombre que le dio la pareja belga adoptiva al viajar de Guatemala a Bélgica en octubre de 1987.

“Como víctima de adopción ilegal, creo que existe una verdadera voluntad política de ‘no’ querer sacar a la luz a los líderes de estas redes”, dijo Mariela, presidenta de la (no estatal) Fundación Raíces Perdidas para los Adoptados de Guatemala.

“Cuando mi madre ya no puede hablar porque su voz está llena de lágrimas, por ella, por todas las mujeres a las que han robado un niño o que están buscando a su hijo desaparecido, sus voces deben ser escuchadas”, adujo Mariela a este diario.

Al lamentar que “en Guatemala a nivel institucional el silencio es el rey”, indicó que hay un “verdadero deseo de no hacer olas con nuestras historias” y confesó estar “molesta: somos la prueba viviente de lo que pasó”.

“Las personas que estuvieron detrás de esas adopciones hoy son premiadas” con “altos cargos” de política y justicia para “gozar de inmunidad”, denunció, al deslizar una frase de dolor: “Como víctima, mi corazón llora con las familias de los niños y las niñas desaparecidas”.

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