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david.fuentes@eluniversal.com.mx
La actual administración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) se apega a las políticas de austeridad a las que ha conminado el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien agregó que su gestión se caracterizará por hacer más con menos recursos.
Dejó en claro que a pesar de no solicitar más presupuesto, tampoco se registrarán despidos masivos ni habrá suspensión de plazas.
Guerra Álvarez, magistrado presidente, destacó que se buscará impartir justicia sin distingos, sobre todo para cambiar la percepción de la ciudadanía en torno a la labor de los jueces, quienes, adelantó, seguirán en capacitación constante, con miras al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y a la perspectiva de género.
Detalló que en el tribunal nadie ganará más que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al asegurar que ese organismo siempre ha sido austero y reveló que su sueldo neto está en el rango de los 90 mil pesos.
Sin embargo, la última actualización de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con respecto a la remuneración del jefe de Gobierno, con fecha del 31 de marzo de 2018, cuando Miguel Ángel Mancera era el Ejecutivo local, da cuenta de que el ahora senador de la República ganaba 73 mil 951 pesos con 83 centavos netos al mes, sueldo por debajo de lo que obtiene Sheinbaum.
Dijo que su gestión privilegiará el nombramiento de magistrados entre quienes tengan el Servicio Civil de Carrera Judicial y que se hayan desempeñado como juez y jueza eficientes, probos y honorables: “Es hora de que el tribunal recupere la confianza ciudadana, de que se convierta en símbolo de legalidad y paz social”.
Advirtió que se debe abordar con cuidado la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, ya que se corre el riesgo de perder de vista el objeto del sistema procesal penal acusatorio; planteó que éste se basa en el respeto a la libertad personal y consideró que se corre el riesgo de volver a tiempos inquisitorios en los que primero se encarcelaba y después se procesaba a la persona.
Guerra puntualizó que el sistema acusatorio oral permitió una óptima administración de justicia y destacó que los jueces emiten sus resoluciones apegadas a lo que establece la ley, con respeto a los derechos humanos.
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