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El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, aclaró que si bien las empresas de préstamo de bicicletas y scooters sin anclaje deberán pagar una contraprestación por usar el espacio público, ese dinero no se recaudará en un fideicomiso como ocurrió con las plataformas de Uber y Cabify.

“En el afán de que sea transparente la contraprestación, no sería como el fondo que se hizo de Uber y Cabify. Sería un mecanismo abierto, transparente y que la gente sepa cuánto dinero entra, cómo entra y que sea justo para las empresas”, aseguró en conferencia de prensa.

Lajous Loaeza comentó que la secretaría continúa los trabajos para definir una regulación definitiva a las compañías de bicicletas y patines eléctricos y como parte de esos lineamientos se les obligará a pagar por el uso del espacio público mediante un mecanismo que permita hacer un seguimiento del dinero.

El lunes pasado, directivos de aplicaciones de movilidad expusieron ideas en el Congreso de la Ciudad sobre la contraprestación.

René Ojeda, director general de Mobike en México, consideró como buena opción que la contraprestación que tengan que pagar sea similar al esquema de Uber, Cabify entre otras plataformas de automóviles de transporte privado que entregan al gobierno 1.5% de cada viaje que realizan, el cual depositan en un fideicomiso.

En tanto, aclaró que el límite de unidades establecido a las empresas de bicicletas y patines sin anclaje atiende sólo a la regulación temporal de 45 días, pero podría cambiar cuando se publique la regulación definitiva.

“Si en la regulación permanente va a existir la exigencia que se expandan, puede cambiar el límite y el área de operación”, añadió.

Andrés Lajous recordó que hoy miércoles vence el plazo de cinco días para que las nueve compañías de bicicletas y patines que obtuvieron un permiso temporal entreguen su información sobre cuántas unidades tienen en operación en las calles.

El límite para la prueba piloto es de mil 100 unidades para bicicletas y 500 para los monopatines.

Reconoció que otro requisito es que para operar en alcaldías centrales, las empresas tendrán que ir también a alcaldías fuera de la zona central donde no hay estas alternativas de transporte.

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