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Toluca, Méx.— Victorino Barrios Dávalos, contralor de la Legislatura en el Estado de México, informó que aplicó al menos 10 sanciones a expresidentes del DIF en municipios por cobrar salarios pese a que la ley lo prohíbe por ser un cargo honorífico.
En entrevista, dijo que es necesario reconsiderar la permanencia de la figura de los presidentes del DIF en los municipios, pues hay demarcaciones como Nezahualcóyotl, donde sólo existe el cargo de director y funcionó así durante seis años el sistema.
Informó que hace unos días aplicó sanciones a los ayuntamientos que autorizaron el salario de algunos expresidentes del DIF, pues recordó que el cargo es honorífico y percibir un salario violenta la ley.
Dijo que la sanción es económica y consiste en que los exfuncionarios regresen lo que cobraron.
Aseguró que los alcaldes conocen la disposición que prohíbe cobrar a esposas o familiares que instalan en el DIF, por lo que no hay pretexto ni tienen razón para ignorar la ley, que es clara.
Es por ello que sugirió que los presidentes municipales no contraten a sus familiares para encabezar el organismo, mucho menos a las esposas o hijos de los ediles, pues eso complica todavía más el ejercicio de la función que debe cumplir dicho sistema.
Reiteró que en Nezahualcóyotl sólo hay directores y tras seis años han operado bien, por lo que no descartó la viabilidad de una reforma a la ley orgánica municipal para acotar las opciones y que los presidentes cumplan con no pagar un salario para un familiar.
Sobre el tema de las quejas y denuncias en lo que va de la actual administración, el funcionario reconoció que recibieron 100 por nepotismo contra presidentes municipales, una cifra que no se había visto en al menos cuatro años, y cerca de 800 por abuso de autoridad e incumplimiento de los perfiles de servidores públicos contratados en los ayuntamientos.
Dijo que el análisis sobre los perfiles académicos de los servidores públicos municipales, especialmente de los directores lo realizaron por petición de los integrantes del Sistema Anticorrupción estatal, y llevan 75% de avance.
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