Presentan protocolo de seguridad para marchas

Detención, sólo ante delito flagrante; se busca prevenir, no criminalizar, asegura Suárez del Real

Presentan protocolo de seguridad para marchas
El acuerdo para resguardar la seguridad surge tras el abuso policial que sufrió una menor de edad durante una marcha en junio, lo que provocó diversas protestas contra las autoridades. Archivo EL UNIVERSAL
Metrópoli 04/08/2020 00:57 Salvador Corona Actualizada 01:36
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El Gobierno de la Ciudad presentó el acuerdo de la atención policial durante las manifestaciones, el cual indica que, para prevenir la violencia, sólo se realizará la detención de personas ante un delito flagrante, además de que habrá capacitación para los elementos de seguridad, quienes siempre tendrán a la mano una identificación.

Esto, debido a que en junio pasado oficiales de seguridad hicieron uso de la fuerza contra Melanie, una joven de 16 años que, tras recibir diversas patadas de éstos, tuvo que ser trasladada al hospital.

En conferencia de prensa, Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno, indicó que han sido muy cuidadosos con la construcción del acuerdo, ya que no se busca criminalizar, sino prevenir y garantizar la seguridad.

En el protocolo se menciona que ante cualquier conflicto se recurrirá a medios no violentos para proteger el derecho a la vida y la integridad de todas las personas, así como estrategias que reduzcan la tensión entre seguridad y manifestantes basándose en el diálogo y la negociación.

Cuando el personal de la policía participe en el control de manifestaciones usará casco y escudo como equipo de protección mínimo, mas nunca armas letales.

Por su parte, la presidenta de la comisión local de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez, indicó que el personal policial no podrá ser sancionado si se niega a cumplir con una orden inconstitucional y violatoria de derechos.

El acuerdo, añadió la funcionaria, se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps), el Congreso local y la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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