Toluca, Méx.- Basada en el caso del actor Octavio Ocaña, posible víctima de homicidio en el 2021, la diputada Luz María Hernández Bermúdez ( Morena) presentó una iniciativa al Congreso mexiquense para reformar el Código Penal del Estado de México, y sancionar a cualquier que cometa ilícitos relacionados con el respeto a los cadáveres y no solo a los de instituciones de seguridad pública , para evitar que se filtren imágenes de víctimas de un delito "para lucrar con la tragedia".

La legisladora propuso reformar el artículo 227 Bis del del , para que la pena sea de tres a seis años de prisión y multa por 500 a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, además eleve cuando el delito sea cometido por persona servidora pública, las penas previstas se incrementarán hasta 10 años.

Recordó que esto para sumar a las de agosto del 2021 al Código Penal de la denominada Ley Ingrid , que impone sanciones a quien audio grabe, comercialice, comparta, difunda, exponga y filme, publique o remita imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presentan, se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

La propuesta establece sancionar al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presentan.

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En conferencia de prensa, tras presentar la iniciativa que fue turnada a comisiones, la legisladora estuvo acompañada por los padres del , familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes exigieron castigo severo a quien filtre imágenes de víctimas para lucrar con la tragedia.

Al exponer su iniciativa en tribuna, la legisladora de Morena recordó que este caso ocurrido el 29 de octubre de 2021 en el tramo carretero Chamapa-Lechería, y que sigue en proceso de investigación, fue un paramédico quien filtró fotografías del actor, encargada de proporcionarle los primeros auxilio s cuando aún se encontraba con vida, durante su traslado al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, trayecto en el que murió.

“Marcelina N se encuentra excluida de la agravante del tipo penal, toda vez que el artículo que la ley establece, cuando el sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte, siendo esta servidora pública ajena a las instituciones definidas”, afirmó.

Por su parte, familiares de Octavio Ocaña, abogados e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos Lex ProHumanitas, Floreciendo con Dignidad, A.C. y de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos, exigieron justicia. Octavio Augusto Pérez Alvarado, padre del actor fallecido , aseguró que hay miles de casos como el suyo, pero no cualquiera levanta la voz en los medios de comunicación para presionar a las autoridades, como ocurrió con la Fiscalía del Estado de México, que ya había dado carpetazo al caso.

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“Volvimos a abrir la carpeta, ya tenemos un detenido, cinco a punto de ser detenidos y un prófugo, así que espero poder ayudar a otras gentes como en mi caso, y orientarlos”.

Bertha Kristel Pérez Ocaña, agradeció el apoyo de la Legislatura para que con estas reformas a la ley sean parteaguas en otras entidades, donde ocurren casos similares, mientras que Ana Lucía Ocaña Beltrán, madre de Octavio Pérez Ocaña agradeció el respaldo a la familia “porque el dolor nunca va a acabar, no nos lo van a regresar, pero gracias por apoyar a que no sea un carpetazo, luchamos como familia hasta el último momento”.

Fernando Manilla Contreras, director general de Lex Pro Humanistas, exigió que en el caso Ocaña, haya justicia total, que no quede un solo delito sin investigar, ni culpable sin condena. “Lo que queremos es que el legado y el recuerdo de nuestro querido Octavio Ocaña quede por todas las generaciones en la ley, para que las próximas personas que sean víctimas de un delito tan ruin, como obtener dinero por traficar fotografías, la piensen dos veces”.

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asgs

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