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La iniciativa del jefe de gobierno, Martí Batres, para combatir la tala ilegal, se suma otra de la diputada local del PRI Tania Larios.
La legisladora presentó una propuesta que modifica el Código Penal del Distrito Federal para establecer una pena de cinco a 15 años de prisión y una sanción económica de tres mil a ocho mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien de forma ilegal tale, provoque la muerte, transporte, almacene, distribuya o comercie uno o más árboles.
Destacó que con penas más severas para castigar a talamontes, se contribuirá a inhibir el delito de tala ilegal, evitar un desequilibrio ambiental y frenar el ecocidio actual, el cual se estima cobra la vida de alrededor de 100 árboles al día.
Además, dijo, en los parajes de San Miguel Topilejo y el Ajusco se calcula entre tres y cuatro mil hectáreas deforestadas, lo que equivale a cuatro veces la superficie el Bosque de Chapultepec.
Su propuesta considera un aumento del doble en las penas a quienes inciten a menores de edad a ser partícipes; cuando se trate de suelo de conservación; se empleen instrumentos como motosierras o sierras manuales; o bien se utilicen vehículos, camionetas o camiones cargados con tocones de madera
La diputada local expuso que la Ciudad de México está enclavada en uno de los ecosistemas más diversos del país, por lo que cerca del 60% de su territorio es suelo de conservación, en el que los árboles proporcionan servicios ambientales indispensables para la calidad de vida de las personas y el equilibrio ecológico.
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Parte de estos servicios, dijo, es la captación de agua, la producción de oxígeno, evitan la erosión del suelo, disminuyen inundaciones, almacenan dióxido de carbono y ayudan a mitigar el cambio climático “por lo que su protección es urgente”.
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