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La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en el Valle de México pidió que se considere en el Plan General de Desarrollo (PGD) de la capital fortalecer la participación comunitaria en las decisiones sobre el suelo a través de mecanismos transparentes.
A través de un documento que fue entregado al Gobierno de la Ciudad de México, y compartido a EL UNIVERSAL, se solicita incluir como objetivo la gestión del suelo para sentar bases de otras políticas urbanas, así como asegurar una oferta de suelo apto, bien localizado y asequible.
Ante las políticas hacia la atracción y conservación de población joven, así como la garantía de una vivienda asequible en el plan, la Canadevi propone que los procesos y mecanismos públicos y privados se alineen para consolidar los barrios existentes y fortalecer la cohesión social.
Mientras que en el caso de prácticas de despojo y desplazamiento vinculadas al desarrollo inmobiliario, sugiere la creación de contralorías ciudadanas y el reconocimiento de mecanismos.
“Se propone definir claramente el objetivo y función de las contralorías ciudadanas, evitando que interfieran con las normas de construcción vigentes”, se indica.
Además, recomienda precisar términos como gentrificación y especulación del suelo, ya que el documento no los sustenta objetivamente y pueden generar estigmatización de sectores económicos.
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Respecto a los comités de seguimiento ciudadano para supervisar los proyectos de vivienda que plantea el PGD, la Canadevi refiere que ya existen mecanismos institucionales, como el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), y las contralorías que garantizan transparencia y legalidad en desarrollos urbanos, por lo que se sugiere fortalecer la transparencia y acceso oportuno a la información.
También sugiere que cada trámite y documento que expida el gobierno contenga un código QR donde se pueda consultar su legalidad, condicionantes y las autorizaciones entregadas, para consultar que una obra cuente con los permisos correspondientes.
Señala que los centros y barrios históricos declarados áreas de conservación patrimonial destacan por su mezcla de usos del suelo y diversidad de espacios públicos, de ahí la importancia de mantener políticas diferenciadas en zonas sujetas a conservación patrimonial.
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En cuanto al diagnóstico del encarecimiento del suelo, apunta que es multifactorial, ya que incluye la tramitología excesiva y efectos de corrupción; la insuficiencia en la oferta de vivienda bien localizada; la falta de mantenimiento del parque habitacional existente, así como la ausencia de instrumentos de planeación actualizados, que orienten el desarrollo hacia zonas con servicios e infraestructura.
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