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Toluca, Méx.— Presidentes municipales o integrantes de los cabildos que se acrediten bonos por el término de su administración deberán devolver el dinero y con intereses, aseguró el contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios, pues sólo están autorizados a recibir lo que corresponde conforme a la ley.

Admitió la posibilidad de que algunos alcaldes, síndicos o regidores que están por concluir su gestión, intenten autoasignarse bonos de despedida, sobre todo aprovechando la alternancia.

Por tanto, recordó que la ley es clara sobre los montos que corresponde a cada cargo conforme a la ley cuando concluyen con las funciones para las que fueron elegidos y la contraloría se mantendrá “muy pendiente de que no haya autorizaciones infundadas o inéditas”.

Barrios Dávalos reconoció que no existe una ley que regule la entrega-recepción en las administraciones municipales, y es ahí donde existe una ventana de oportunidad para que algunos alcaldes no entreguen el inmobiliario completo a las administraciones entrantes.

Incluso, dijo, es un tema que los diputados electos deben considerar entre sus prioridades al asumir el cargo, el 5 de septiembre próximo, toda vez que mucho se perdió en trienios anteriores con los cambios de gobierno.

Opinó en este sentido que deben hacerse reformas a la Ley Orgánica Municipal para garantizar un procedimiento que avale las transiciones de gobierno porque “en nueve estados se hace referencia al tema y está regulado, también a nivel federal, pero en la entidad no hay nada”.

Recordó que antes había lineamientos a través del Órgano Superior de Fiscalización (OSF); sin embargo, ahora no es de esa forma ni hay regulación sobre los mecanismos de transición.

Respecto de la entrega que deben hacer los diputados, informó que la Secretaría de Administración de la Legislatura recibe las oficinas, laptops y autos que les fueron prestados a los 75 legisladores mexiquenses, quienes concluyen su cargo la próxima semana.

Dijo que en lo referente al ámbito político, hacen entrega de las iniciativas que quedaron pendientes, en tanto que en lo administrativo, todo aquello que fue registrado como propiedad del Poder Legislativo.

En caso de que alguno se niegue a entregar ese material o refieran que se perdieron, se remitirá la información a la contraloría, que da una prórroga para el pago: “Si no entregan les decimos que es un adeudo y si aún así no lo hacen se les inicia un procedimiento”, indicó.

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