La Asociación Interamericana del Medio Ambiente y el Reciclaje (AIMAR) denunció que desde 2000, cuando se hizo obligatorio la instalación de convertidor catalítico en automóviles en México para aminorar la emisión de gases contaminantes al medio ambiente, surgió mercado negro en la venta de este dispositivo al momento de ser reciclado y, otro tanto, al ser desechados legalmente se comercializan a Texas, Estados Unidos.

Así lo comentaron Joaquín Vela y Elías Vanegas, voceros de la AIMAR, así como Pablo Schabes Retchkima, investigador del Instituto de Física de la UNAM, al revelar que estos mecanismos, formal e informal, generan la pérdida de 114 millones de pesos y miles de fuentes de empleo al año en México.

Por lo que pidieron a la Cámara de Diputados federal aprobar la derogación de la fracción Tercera del Artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos sobre el Manejo de Convertidores Catalíticos.

Con ello, dijeron, evitarán que su salida del país a Estados Unidos para reciclaje genere esta millonaria pérdida anual, debido a que este dispositivo con nanotecnología incluye cinco metales preciosos comparados, en valor, al oro.

Al revelar que anualmente son reciclados más de 15 millones de convertidores catalíticos, cifra similar al parque vehicular privado que existe en el país, “pero el proceso de reciclado de los metales preciosos de este dispositivo es cedido a Estados Unidos, mediante medio legales, asciende a 60%, pero 40% restante queda en manos del mercado negro de Vietnam y China”, denunciaron.

Por ello, urgieron las reformas, ya que esto permitirá generar empleo entre las más de 8 mil familias que se dedican al reciclaje en México, así como crear una empresa de procesado de convertidores catalíticos de capital variable (Estado, iniciativa privada y recicladores).

Explicaron que la iniciativa está sustentada en 11 investigaciones de cuatro universidades públicas y privadas, así como siete institutos, “que han demostrado que los Convertidores catalíticos no son un riesgo sanitario ni un peligro para su manejo como residuo industrial en México”, afirmaron.

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