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Por mayoría, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Contraloría investigar el actuar de la alcaldía Cuauhtémoc en el caso del derrumbe de un edificio en demolición en Calzada San Antonio Abad 124, que dejó un saldo de tres personas muertas.
Este punto de acuerdo, promovido por el diputado local de Morena Paulo García, pide a la dependencia capitalina intervenir en la alcaldía con el objeto de revisar o verificar los procesos administrativos relacionados con la evaluación, dictaminación, autorización y supervisión de las acciones o procesos vinculados con la demolición del inmueble en comento, el cual resultó dañado por el sismo de 2017.
“Asimismo, se exhorta a que, en caso de advertirse irregularidades o incumplimientos a los procesos administrativos previstos en la normativa aplicable por parte de la alcaldía, se inicien las investigaciones correspondientes a efecto de determinar las responsabilidades de las personas servidoras públicas que, en su caso, hubieren incumplido con las obligaciones establecidas en las normas”, detalla el exhorto.
Por la mañana, los diputados de Morena anunciaron que esto exhorto sería dirigido para que se investigara a todas las autoridades involucradas en este caso, pero al final cambiaron de opinión y decidieron que únicamente fuera dirigido a la alcaldía Cuauhtémoc.
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Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Paulo García señaló que, al día de hoy, no hay evidencia pública de que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega haya negado el permiso para la demolición, aunado a que su administración no verificó estos trabajos.
"Hoy sabemos gracias a trabajadores valientes que la alcaldesa no negó el permiso, sino hasta el 10 de marzo. Un día después de la tragedia. No lo vamos a soltar porque se trata de familias que piden justicia… Le decimos a los que se dicen doctores en derecho del PAN que no abaraten sus cédulas profesionales para defender negligencias ajenas. Justicia para los trabajadores", apuntó.
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se decidió que únicamente hubiera tres oradores a favor y tres en contra en este punto.
Diputados del PAN y PRI argumentaron que, por el acuerdo de facilidades administrativas otorgado a este predio, le tocaba a la Secretaría de Vivienda autorizar y verificar estos trabajos de demolición, lo que no ocurrió.
En tanto, legisladores de Morena recalcaron que la alcaldía fue omisa en este caso.
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