PRI capitalino propone prisión a quien lucre con el abasto de agua

El diputado local del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez, propuso una pena de seis a nueve años de prisión y multa de 50 a 900 veces UMA al servidor público u operador de pipa de agua potable que cobre por el líquido

PRI capitalino propone prisión a quien lucre con el abasto de agua
Foto: Especial
Metrópoli 12/07/2020 16:41 Actualizada 16:58

Penas de seis a nueve años de prisión y multa de 50 a 900 veces la Unidad de Medida y Actualización al servidor público u operador de pipa de agua potable dependiente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), del Gobierno local o alcaldías, que condicione el abastecimiento de agua potable a cambio de cualquier tipo de lucro.

Así lo propuso el diputado local del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez, por lo que pide al Congreso local adicione al capítulo XV y los artículos 276 Cuater y 276 Quintus del Código Penal para el Distrito Federal, para que la pena y multa aumenten en 40% a quien condicione el abastecimiento del vital líquido.

Esta sanción será para todo aquel que solicite apoyo para una asociación o partido político, así como cualquier candidato a cargo de elección popular, sin perjuicio de las sanciones administrativas o en materia electoral previstas por la normativa vigente.

El priista argumentó que la carencia de agua en la Ciudad en las épocas de mantenimiento de los sistemas de captación y distribución, suponen una disminución importante en la calidad de vida de los habitantes, así como el crecimiento de riesgos en la salud pública.

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Esto porque el Gobierno central y las 16 alcaldías constantemente ponen en circulación pipas de agua potable para surtir a los afectados del desabasto de agua.

Sin embargo, ante la demanda del vital líquido, existen operadores y servidores públicos que lucran con la necesidad de distribución de agua, vulnerando directamente el derecho fundamental a su acceso y acrecentando la brecha de desigualdad entre la ciudadanía.

Puntualizó que el acceso al agua potable es un derecho fundamental protegido por la Constitución capitalina, por lo que para su protección resulta imperioso elaborar un tipo penal que castigue a los servidores públicos y operadores de pipas, que generen un lucro de cualquier especie en razón del condicionamiento de distribución de agua potable a la ciudadanía.

Alarcón Jiménez insistió que el Gobierno de la Ciudad y los titulares de las alcaldías, tienen la obligación de gestionar la distribución del líquido vital y la Secretaría de Finanzas es la encargada del cobro de derechos ocasionados por este servicio.

cev

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