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Dadas las múltiples quejas de propietarios inmobiliarios, jueces, actuarios y ciudadanos, el grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México propondrá la derogación del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos.
Explica que antes de realizarse estos lanzamientos, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a no ser discriminadas y se estudien otras posibilidades para evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; haya una indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales, contar con las debidas garantías procesales y las autoridades deben garantizar el adecuado realojamiento.
El perredista explicó que dicho artículo es contrario al artículo primero Constitucional, porque viola las garantías individuales.
Sostuvo que se afectan derechos posesorios, paraliza la inversión en vivienda y en el mercado de arrendamiento.
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