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Naucalpan, Méx.— En este municipio habitan cerca de 200 mil personas en condiciones de pobreza alimentaria, por ello el ayuntamiento aprobó hoy lineamientos que formarán parte del programa de canastas de alimentos.

Para dicho apoyo destinarán 9 millones de pesos provenientes de recursos municipales, que servirán para dotar de despensas cada mes a 4 mil personas que viven en condiciones de pobreza alimentaria, durante el segundo semestre de este año, apuntó el secretario de Desarrollo Social de Naucalpan, Pedro Gálvez Bastida.

En tanto, en sesión de cabildo celebrada este 24 de julio, síndicos y regidores acordaron los términos en los que se definirá el padrón de beneficiarios de este programa de dotación de alimentos.

De entrada, restringieron el acceso a estas canastas alimentarias a los familiares y personas que sean cercanas a los funcionarios que manejan este programa.

Las canastas estarían integradas por una lista de 17 alimentos, entre ellos leche, atún, aceite, frijoles, azúcar, arroz, cereal y gelatinas, entre otros, afirmó el secretario.

La mayoría de los síndicos y regidores apuntaron la necesidad de trasparentar el padrón de beneficiarios, para evitar que se haga un uso clientelar y partidista.

Darán vista al Ministerio Público. En la misma sesión de cabildo celebrada ayer, el síndico Max Alexander Rábago pidió al cabildo dar vista al Ministerio Público y a la Contraloría para investigar por qué funcionarios municipales ofrecen descuentos, no autorizados por el cuerpo edilicio, en materia de uso de suelo y ventanilla única.

Esto al rechazar analizar, por estar mal planteado, el acuerdo para regularizar el pago de derechos de locatarios de 41 Mercados Públicos de este municipio.

El regidor Anselmo García Cruz mostró ante el pleno del cabildo una circular que fue emitida y firmada por Marcelino Bastida Estrada, jefe del Departamento de Mercados, dirigida a todos los secretarios de los mercados públicos de Naucalpan, donde les informaba que “en apoyo a la economía de los naucalpenses” no se realizarían cobros de los tres años anteriores, sólo de 2019.

“¿Con autorización de quién?”, cuestionó Anselmo García. Lo mismo sucedió en la ventanilla única, donde se ofrecieron descuentos que el cabildo no habría avalado, apuntó la regidora Paulina Pérez González.

El síndico afirmó que se debía dar vista al Ministerio Público y a la Contraloría, para que investigaran las atribuciones tomadas por servidores públicos, sin estar autorizados y en detrimento de la administración pública.

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