Firman convenio para permitir procesos de justicia ambiental en CDMX

CDMX

.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Procuraduría de Ordenamiento Territorial (PAOT) firmaron un convenio de colaboración para la defensoría del derecho ambiental, orientado a las personas para que tengan justicia restaurativa en el ordenamiento territorial y ecológico.

La titular de la PAOT , Mariana Boy, señaló que en los últimos años la Ciudad de México ha crecido, pero con un mal ordenamiento y que no se han respetado los derechos de los ciudadanos, por lo que ambas instituciones impulsarán las reformas necesarias para que las leyes permitan operar procesos de justicia restaurativa y, sobre todo, que el infractor repare los daños ambientales causados .

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local , Nashely Ramírez, detalló que el convenio renueva el cómo se construye en conjunto la visión del derecho a la Ciudad, centrado en las víctimas, además de que fortalecerá el papel de defensoría de ambas instituciones, en el marco de la Constitución de la Ciudad de México .

“Hoy lo renovamos (el convenio que se firmó en el 2011), no nada más porque somos diferentes personas las que estamos al frente, sino porque tenemos, tanto la Comisión como la Procuraduría, un marco legal y de atribuciones mucho más robusto que implica otros retos”.

Ramírez indicó que a partir de este convenio se dialogará sobre las medidas preventivas y reactivas por daños al derecho a la salud de los ciudadanos.

Asimismo, Mariana Boy dijo que los casos más relevantes y emblemáticos que están en puerta para sanciones son: Mitikah, Baja California 370, Flow, Presa Anzaldo y Lomas de Bezares.

"Estamos recibiendo 5 mil denuncias al año y los que recuerdo que están (en) un proceso jurídico en términos de denuncia penal avanzado son estos casos, que están muy cerca de ordenar una demolición".

Agregó que de enero de 2018 a la fecha han recibido 72 solicitudes de información de la CDH local .

"A partir de 2017 contamos con mayores atribuciones constitucionales, pero necesitamos lazos fuertes con instituciones como la CDHDF, con atención integral a las y los denunciantes y de impulsar reformas de ley y políticas públicas, concluyó Boy Tamborrell.

etp