Por unanimidad –48 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones--, el Pleno del Congreso local aprobó la nueva Ley General del Sistema Anticorrupción, que de acuerdo con el presidente de la Comisión de Transparencia, Carlos Castillo Pérez, a más tardar a finales de marzo estará instalado en su totalidad.

Sin embargo, en entrevista con EL UNIVERSAL , sostuvo que esta nueva ley fue reducida de 73 a 52 artículos, la cual deja fuera la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, entre otros rubros.

Además, los diputados aprobaron adicionar un artículo quinto transitorio, relativo al nombramiento del contralor interno del Poder Legislativo local.

Para fundamentar el dictamen, Castillo Pérez indicó que la corrupción es un fenómeno que lacera el entramado social, representa en sí mismo un obstáculo para conformar una sociedad armónica.

“La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. Por ello, en esta Comisión asumimos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y retomamos el proceso para dictaminar esta Ley”, agregó.

Recordó que el dictamen presentado tuvo el respaldo unánime de los grupos parlamentarios, con base en tres iniciativas: la presentada por el panista Mauricio Tabe; la impulsada por la diputada de Morena, Guadalupe Chavira; y una más él mismo.

Explicó que algunos de objetivos de esta Ley son: Crear y armonizar a los lineamientos en la materia establecidos en la Ley General del Sistema Anticorrupción y la Constitución local; Establece mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las autoridades locales y las alcaldías, así como establece las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas cometidas por servidores públicos.

El coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, al razonar su voto, sostuvo que el dictamen atiende la observación del Poder Judicial y cumple con la urgencia de que la Ciudad de México tenga su Sistema Local Anticorrupción.

Empero, recordó que el dictamen es similar al presentado en el año 2017, “que no tuvo vicios en el contenido jurídico. Pero este es un documento robusto, con lo que la capital se suma al resto del país, pese a tener un rezago de cuatro años con respecto a las demás entidades”, sostuvo.

En tanto, el coordinador del PAN, Mauricio Tabe Echartea, expuso una propuesta para adicionar el artículo quinto transitorio, mediante el cual establece que el titular de la Contraloría Interna del Congreso capitalino, durará en su encargo tres años y deberá ser nombrado en los primeros 30 días naturales de cada Legislatura.

“El problema que encontramos es que no está normado el periodo de duración del contralor interno; también que sea el Comité de Participación Ciudadana el que formule la terna previo al inicio de la siguiente Legislatura y turne la propuesta –de terna- al Congreso local para los efectos de dicho nombramiento”, indicó.

Con este transitorio, agregó, eventualmente derivará una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo local para adecuar el marco normativo. La propuesta fue aprobada e integrada al decreto.

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