CDMX crea programas para apoyar a reos liberados

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El Gobierno capitalino beneficiará a los reclusos que serán liberados y a aquellos que apenas salieron de la cárcel con dos programas sociales para que puedan reintegrarse a la vida social y no sufran discriminación por no tener un empleo o un domicilio donde pernoctar.

El Instituto de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México operará los planes Atención Prioritaria a Personas Liberadas en Situación de Vulnerabilidad y de Apoyo para el Impulso Laboral de Personas Liberadas y Apoyo para el Impulso Laboral de Personas Liberadas, que buscan satisfacer las necesidades básicas de este sector, el cual no cuenta con las condiciones sociales, familiares y económicas para subsistir dignamente tras salir de la cárcel.

En el primer programa se plantea la entrega de 150 apoyos de 2 mil 700 pesos cada uno, que consisten en tarjetas de transporte, vales o tarjetas para acudir a los comedores comunitarios y artículos de primera necesidad, así como lugares para dormir por un periodo máximo de un mes.

Para los ex reclusos que deseen ser beneficiarios de este apoyo los requisitos son tener redes sociales, familiares y económicas como apoyo inmediato a su salida, ya que en ocasiones, explica la Secretaría de Gobierno, los reclusos pierden vínculos de amistad y familiares para reincorporarse a la sociedad y no tienen recursos económicos para transportarse o alimentarse, pagar un lugar para pernoctar y comprar artículos de primera necesidad, situaciones que los ponen en desventaja y vulnerabilidad.

Beneficios. En el caso de los apoyos al transporte y artículos de primera necesidad, serán entregados de manera inmediata y en un solo pago, en tanto que los enfocados a la alimentación y un lugar para dormir tendrán una duración de un mes.

A la par, el Programa de Apoyo para el Impulso Laboral de Personas Liberadas está dirigido a 100 ex reclusos mayores de 18 años que desean tener experiencia laboral pero no cuentan con un empleo; para esto se les dará 5 mil pesos durante tres meses para que presten sus servicios laborales a empleadores participantes.

La meta es contribuir al pleno ejercicio del derecho a un trabajo digno y generar espacios laborales donde las personas pre y liberadas, no sean víctimas de discriminación y estigmatización a consecuencia de su situación jurídica.