Separan a comisionada de Seguridad en Morelia

Morelia.— Debido a la presunta ejecución extrajudicial de un joven con problemas de salud mental, fueron cesados la comisionada de Seguridad en Morelia, Julisa Suárez Bucio, y los elementos que participaron en el operativo.

Así lo informó el presidente municipal Raúl Morón Orozco (Morena), a un grupo que acudió a protestar al evento de su segundo informe de labores.

Ayer, la manifestación ciudadana concluyó en la Plaza Ecuestre de Morelos, donde estaba programado el evento oficial del ayuntamiento.

Morón Orozco fue encarado por los familiares, vecinos y amigos de Julio César Chagolla, cuando se daba su discurso, por lo que el alcalde tuvo que parar el acto para atender a las personas que gritaban consignas.

Los manifestantes acusaron al edil de proteger a los policías a su cargo y a la comisionada de Seguridad, por lo que le pidieron la renuncia de Julisa Suárez.

Los inconformes le exigieron a Morón Orozco que su administración se retractara de haber tratado al joven Julio César Chagolla como un delincuente.

Después de varios minutos, Raúl Morón anunció que Julisa Suárez, su comisionada de Seguridad, quedaba suspendida mientras dure la investigación, al igual que los elementos involucrados en el operativo en el que la víctima fue asesinada de ocho disparos en la espalda.

Además, Morón Orozco hizo público el retracto de los señalamientos infundados hacia el joven, quien fue tratado como delincuente, y garantizó que se limpiará la imagen de Julio.

Fue ejecución extrajudicial

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) reiteró que en ese operativo hubo una falta de aplicación de protocolos y un excesivo uso de la fuerza.

Sostuvo que en la actuación policial hubo graves violaciones, entre ellas, la posible ejecución extrajudicial perpetrada por una autoridad en el ejercicio de sus funciones; además de el uso excesivo de la fuerza, así como la obligación de investigar los hechos por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia.

Dijo que casos como este evidencian la necesidad de hacer hincapié en la continua capacitación del personal de seguridad pública, dado que el sistema de justicia penal requiere policías profesionales que tengan claro el uso y aplicación de los protocolos y el respeto a los derechos humanos.

Consideró irresponsable que las autoridades den un veredicto a priori sobre la actuación de los servidores públicos.