En septiembre arranca el proceso electoral 2027, se renueva la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y 31 congresos locales. Antes de hablar de candidaturas y coaliciones, hay un derecho ciudadano que casi nadie menciona, el derecho a que los candidatos reconozcan su derrota.
Suena obvio pero no lo es. La historia reciente está llena de políticos que confunden perder una elección con que se la robaron.
Quien decide competir, decide también aceptar las reglas del juego —incluida la peor de todas, perder—. La sujeción a la ley no es opcional para nadie, gane o pierda. Aceptar las reglas cuando se gana es fácil. Respetarlas cuando se pierde es la verdadera prueba.
En una democracia constitucional no basta con votar. El proceso tiene que concluir de forma definitiva y legítima, y quien impugnó por las vías legales tiene que aceptar la resolución final una vez agotadas. Sin eso no hay certeza ni transición pacífica del poder, y el sistema entero empieza a resquebrajarse.
El mundo ya nos enseñó, con consecuencias graves, lo que pasa cuando alguien decide no perder nunca. Trump sembró dudas sobre la elección de 2020 antes incluso de perderla; el resultado fue el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Bolsonaro pasó su campaña de 2022 cuestionando las urnas electrónicas —“solo pierdo si hay fraude”— y sus seguidores terminaron vandalizando los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023. En Kenia, Gambia y Costa de Marfil, las derrotas no aceptadas de Odinga, Jammeh y Gbagbo dejaron el mismo saldo, instituciones heridas y violencia en las calles.
La certeza, además, es un derecho ciudadano, no una cortesía que los políticos conceden cuando les conviene. Los votantes tienen derecho a saber quién va a gobernar con la misma solidez con que se sabe cualquier hecho consumado. Y esa certeza no la construyen solas las autoridades electorales, depende también de que el perdedor, agotadas todas las vías jurídicas, cierre el capítulo. Cuando un candidato mantiene la duda viva después del fallo definitivo, le está negando a millones de personas el derecho a saber a qué atenerse. Eso se paga caro, en desconfianza, en polarización, y a veces en algo peor.
México tampoco es inmune. Aquí también hemos visto plantones, “actas paralelas” y narrativas de fraude que se activan antes de que se cuente el primer voto, sin importar el color ni la sigla. La resistencia a aceptar la derrota se ha vuelto casi un género político propio.
Conviene decirlo con claridad, el mal perdedor no es folclore político ni un exceso pasional de campaña. Impugnar por las vías legales es un derecho; seguir cuestionando el resultado después de agotada esa vía es otra cosa —es un ataque directo a las instituciones que hicieron posible la elección—.
De cara a 2027, habrá mucho debate sobre quién puede ganar. El debate que nos falta es sobre quién sabe perder.