Regresarán a aulas 53 maestros cesados por no evaluarse

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Hermosillo.— Después de más de dos años que fueron suspendidos y sacados de las escuelas por agentes estatales y municipales por no someterse a la evaluación, 53 maestros de primaria volverán a las aulas.

Marcela Guadalupe Zazueta Pillado, con doctorado en Administración Educativa, relata la lucha de un grupo de maestros que se oponía a la reforma educativa y decidió no someterse a la evaluación.

Marcela, quien es integrante de la asamblea magisterial, recuerda que en noviembre de 2015, en la primera evaluación de ese año, se organizaron en todas las sedes de Sonora para informar a sus compañeros con la ley en la mano por qué perdían la plaza base al evaluarse.

“A las cuatro de la mañana era la cita. Los maestros fueron llegando a las sedes y se unieron a la lucha; entre todos bloqueamos el lugar entonando el Himno Nacional; nos tomamos de las manos mientras nos salían lágrimas.

“Los matrimonios notificados se abrazaban y lloraban, era mucho lo que se perdía en la evaluación. Luego llegaron los granaderos para quitarnos de las puertas; los maestros no se doblegaron y llegaron los golpes en Hermosillo”, relata.

Marcela asegura que un granadero agachó su cabeza cuando una maestra le dijo: “Mijo, ¿por qué me golpeas? Yo fui tu maestra”. Agrega que ese fin de semana fue de unión del magisterio, y afirma que su movimiento tuvo tanto éxito que el delegado de la SEP de Sonora, Alfonso Merino González, fue el primer despedido.

Posterior a eso, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) hostigó a los maestros en escuelas, domicilios particulares y familiares para obligarlos a evaluarse, acusa la maestra. “A cinco maestros nos encadenaron nuestras casas en dos ocasiones; yo fui la única mujer a la que le hicieron eso. Sentí miedo, pero seguí porque perdemos más con la privatización de la educación”, dice. Interpuso una denuncia, la cual no procedió.

Los 53 maestros cesados por no acudir a la evaluación se quedaron sin sustento económico. En algunos casos los profesores tuvieron que sacar a sus hijos de estudiar porque no tuvieron recursos para sostenerlos.

La humillación. Marcela continuó en la resistencia y no sólo fue cesada, sino que además fue desalojada por policías en la primaria Jesús José Loya Aboytia, donde impartía clases, en la colonia Las Minitas, al sur de la capital de Sonora.

En marzo de 2016, cuenta que le llegó la notificación de que había sido cesada, pero siguió dando clases. Un mes después llegó un notario al plantel para notificarle su cese. “Los padres de familia no permitieron el ingreso de docentes sustitutos, mientras los alumnos salieron a la cancha del plantel a cantar el Himno Nacional”.

El 20 de abril se presentó a dar clases. Alrededor de las 11:00 horas, elementos de la policía estatal y municipal llegaron en 15 patrullas, acordonaron la escuela y entraron por ella. Fue sacada del plantel por la fuerza frente a sus alumnos. “Me humillaron frente a ellos”, recrimina.

La maestra Marcela refiere que hasta su hija Karol, de dos años, fue víctima de las represalias de la reforma educativa, pues el 19 de septiembre de 2016 fue dada de baja de la guardería. Incluso, dice que sus compañeros le llamaron “la cesada más pequeña”.

La profesora denunció la expulsión de la niña ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y meses después los derechos de su hija fueron restablecidos.

Ayer, la profesora recibió una llamada de Oficialía Mayor del Ejecutivo Federal para que participe en el proceso de reinstalación de los maestros que fueron cesados. Espera reincorporarse pronto a las aulas para continuar formando alumnos.

Reforma cuestionada. La reforma educativa fue promulgada el 25 de febrero de 2013 por el ex presidente Enrique Peña Nieto.

En Sonora, el Congreso local no realizó una armonización total de las leyes y en abril de 2014 el Ejecutivo estatal promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por contravenir 27 artículos de la Carta Magna y leyes secundarias en materia educativa. En octubre de 2015, el máximo tribunal del país resolvió a favor del Estado.