Realizan juicio popular contra el Estado y empresas mineras en Oaxaca

Un grupo de 23 organizaciones de la sociedad civil buscan denunciar la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas ocasionada por la imposición de concesiones y proyectos mineros
Realizan juicio popular contra el Estado y empresas mineras en Oaxaca
Previo al inicio del juicio popular, los organismos civiles realizaron una ceremonia o ritual (Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL)
11/10/2018
14:33
Juan Carlos Zavala
Oaxaca
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Oaxaca de Juárez.- Un total de 23 organizaciones de la sociedad civil iniciaron hoy un juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca, con el objetivo de visibilizar y denunciar la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas, ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros.

La segunda finalidad es articular las luchas contra la minería en diferentes municipios y regiones del estado para hacer frente al modelo extractivo y exigir el respeto de los derechos de los pueblos.

Previo al inicio del juicio popular, los organismos civiles realizaron una ceremonia o ritual; los organizadores explicaron que la iniciativa surgió a partir de los acuerdos generados en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” realizado en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, los días 23 y 24 de febrero de 2018.

“En dicho encuentro participamos alrededor de 60 comunidades y 36 organizaciones que actualmente están enfrentando los embates del modelo extractivista y analizamos que es importante empezar a articularnos para fortalecer nuestra defensa, además de enjuiciar al Estado y las empresas mineras por sus acciones”, expusieron.

Las razones, dijeron, es porque en las últimas dos décadas el proyecto neoliberal-extractivista se ha profundizado en México, impulsando diversos proyectos de muerte, amparados en tratados y acuerdos comerciales internacionales y una legislación que permite una violación sistemática a los derechos de pueblos y comunidades.

 

whatsapp_image_2018-10-11_at_12.50.42_1.jpeg Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL

 
Dentro de estos proyectos se encuentra la minería como uno de los ejes principales del modelo, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30 por ciento del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

“Estos proyectos han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros. Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente”.

Paralelamente, según se denunciaron, los gobiernos federal, estatal y municipal conjuntamente con las empresas han desarrollado una serie de estrategias para presionar a los pueblos y sus autoridades municipales, agrarias y comunitarias para que acepten los trabajos de prospección, exploración y explotación minera, como los programas RRAJA (antes-Fanar-Procede), Proagro (antes Procampo), programas de conservación, además de coaccionar económicamente o bajo amenazas a las autoridades locales que están en oposición.

Mientras tanto, el actual gobierno estatal ha definido como una política de “desarrollo” económico impulsar con mayor fuerza los proyectos mineros, anunciando una inversión de 87.5 millones de dólares. Esta inversión no se traduce en un ingreso directo al presupuesto del Estado, y tampoco en mejorar el nivel y calidad de vida de las comunidades donde la minería se pretende desarrollar.

“Por el contrario profundiza la brecha de desigualdad y pobreza, ya que en la práctica las empresas únicamente entregan el 1% de sus ganancias totales repartidas entre el gobierno federal, estatal y municipales, por lo que este contexto violenta los derechos al territorio, a la libre determinación, a un medio ambiente sano, a la paz comunitaria, entre los más importantes”, aseguraron.

El encuentro se realiza en un anexo de la iglesia Nuestra Señora de los Pobres, en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca.

afcl

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