Guadalajara.— —¿Qué lugar ocupa el Rancho Izaguirre dentro de la compleja estructura de reclutamiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)?.
—Era un centro de reclutamiento, de operaciones, de capacitación… conforme vayamos avanzando… ya tenemos otro campo, ese sí asegurado por nosotros [en la comunidad de La Vega] y estamos trabajando en ello. Esto nos va a ir dando un panorama completo de la cobertura territorial de ese cártel.
—¿Nada más en Jalisco?.
—Eso es lo que estamos haciendo en este momento, cualquier otra cosa la daremos [a conocer] de inmediato.
—¿Para la FGR, Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, es un objetivo prioritario dentro de este caso?.
—Eso me lo tengo que guardar, con secrecía mientras estamos operando, pero en cuanto podamos se lo damos a conocer.
Las respuestas son del exfiscal general de la República Alejandro Gertz Manero en conferencia de prensa el 29 de abril del 2025, un mes después de que la FGR asumió las investigaciones del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán; desde entonces han pasado ocho meses y la FGR no ha dado a conocer el alcance y el tamaño de la estructura de reclutamiento forzado del CJNG.
Además, no ha realizado más operativos para rescatar a víctimas de ningún otro predio, finca o campamento en la Región Valles y la zona serrana de Puerto Vallarta, donde diversos testimonios —algunos de ellos incluidos en distintas carpetas de investigación y sentencias desde 2016 y 2017— indican que operan más sitios de adiestramiento y exterminio, y mucho menos ha indicado si está tras la pista de El Sapo, señalado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como el responsable de toda la estrategia y operación del grupo delictivo para conseguir nuevos reclutas.
En opinión de Joseph Irving Olid Aranda, abogado especialista en Derecho Penal, la magnitud del asunto no es correspondiente con la de los resultados de las autoridades en términos de justicia.
“Solamente hay una sentencia que consigue la fiscalía local [contra los 10 detenidos el 18 de septiembre de 2024 durante el operativo en que la Guardia Nacional entró al rancho]; de hecho, cuando se hace el descubrimiento (...) mediático del rancho —el 5 de marzo con la entrada del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco—, ese asunto todavía estaba en etapa intermedia, pero la fiscalía y el Poder Judicial local aceleraron el proceso para que tuvieran una sentencia cuanto antes, algo que no pasa en la mayoría de los asuntos”, señala.
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Contra esos 10 detenidos —Lennin “N” o Kevin “N”, David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N”— hay otros procesos abiertos porque más víctimas los han señalado.
Aunado a estos detenidos, también se capturó a un presunto reclutador del cártel en la central camionera de Tlaquepaque; a tres policías de Tala, que enfrentan proceso por presuntamente haber entregado a una persona a los operadores del rancho; al exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por su presunta complicidad con el CJNG; a José Gregorio Lastra Hermida, presunto colaborador cercano de El Sapo, quien pese a estar preso ha logrado una suspensión del proceso en su contra, en tanto se resuelve el amparo que interpuso para tratar de evadir el juicio.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco abrió una carpeta de investigación contra 12 funcionarios (peritos, agentes del Ministerio Público, policías investigadores y un directivo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses), pero no ha logrado judicializarla.
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“No es que necesitemos una infinidad de sentencias, pero sí queda claro que el que sólo tengamos una sentencia no es representativo de lo que ocurrió con el asunto”, señala el especialista, quien incluso compara la forma en que reaccionaron las autoridades tras la presión social en este caso y en el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“En términos mediáticos creo que no hay una comparación, pero si comparamos el asunto de Ayotzinapa y la investigación jurídica que se hizo inicialmente con lo que se hizo en Teuchitlán, este caso se queda muy corto a pesar de la magnitud del asunto, sobre todo porque hay más indicios.
“En Ayotzinapa el gran problema es que muchos indicios se pierden por la propia dinámica en la que ocurren los hechos, pero acá encuentras un sin número de indicios en el lugar y hasta el día de hoy no hay claridad de que se haya agotado toda la investigación”, explica.
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Investigaciones fragmentadas
Aunque el sentido común y las evidencias señalan que casos de reclutamiento forzado como el descubierto en 2017 por la Fiscalía de Jalisco en el municipio de Tala —contiguo a Teuchitlán— están relacionados, las autoridades parecen no tomarlo en cuenta.
El 17 de julio de 2025, unos días después de que se conoció que la condena para los 10 detenidos en el Rancho Izaguirre sería de más de 141 años por los delitos de desaparición y homicidio calificado, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, reconoció que la dependencia sólo abordaba el caso desde la perspectiva de las desapariciones, pero no la estructura de reclutamiento que las provoca.
“Hay que recordar que la FGR está llevando las investigaciones por lo que corresponde a delincuencia organizada, nosotros llevamos los procesos respecto a privaciones de la libertad y los delitos que se cometieron del fuero común”, señaló.
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Olid Aranda lo explica así: “Hay un problema en la forma en que investigan las fiscalías, que en general tienen (...) una visión muy cuadrada y abordan las investigaciones como si fueran recetas de cocina, para cumplir sólo con lo que se requiere para acreditar un delito. Y en estos asuntos no pueden ser así, porque como Estado tienes la obligación de ver todo el panorama que se interconecta con otras piezas para conocer los hechos más a detalle, lo que se le llama análisis de contexto”.
¿Víctima o victimario?
El 29 de enero de 2025, atendiendo una denuncia anónima, militares irrumpen en una finca de la comunidad de La Vega, a unos cuantos kilómetros del Rancho Izaguirre; en el lugar no se encontraron armas ni drogas, pero sí municiones de diversos calibres, cargadores y chalecos tácticos; 38 personas fueron arrestadas y presentadas ante un juez que días después liberó a 37 de ellas por considerarlas víctimas y vinculó a un hombre a proceso.
El juez argumentó que las 37 personas liberadas refirieron que fueron atraídas a Jalisco con falsas ofertas de trabajo y después torturadas y obligadas a trabajar para el CJNG; en tanto, la única persona vinculada a proceso nunca refirió haber sido privada de la libertad.
“No debemos perder de vista que normativamente hay una deficiencia muy grave, que es que la ley de desaparecidos no habla del fenómeno del reclutamiento forzado, (…) entonces, ¿qué trato le debes de dar si, por ejemplo, hoy reclutan a una persona y durante ese periodo de entrenamiento, de cooptación o de persuasión es detenida por las autoridades?, ¿qué responsabilidad le vas a dar?, por ejemplo, si cometió un homicidio, ¿vas a sancionar igual a esa persona que al que comete homicidio en un contexto donde no fue víctima de reclutamiento?
“No puede ser el mismo trato, no puede ser la misma sanción. El Estado también tendría que autoreconocer que si falla en prevenir el reclutamiento, no le puede exigir la misma responsabilidad penal a una persona sometida bajo ese esquema que a quien no fue sometido”.
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