Pachuca. - Por violaciones a los derechos humanos en agravio de al menos cuatro regidoras, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo emitió la Recomendación R-VG-0001-26 en contra del alcalde de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez.

De acuerdo con la institución, cuatro regidoras de ese Ayuntamiento iniciaron una denuncia por actos de violencia política por razón de género, por lo cual el Congreso del Estado de Hidalgo solicitó investigar posibles irregularidades.

Ante ello, el organismo defensor de los derechos humanos inició una investigación y, tras el análisis de las pruebas, acreditó la responsabilidad del alcalde morenista, quien incurrió en violencia política, desobediencia institucional y afectaciones a la legalidad, lo que vulneró la dignidad y los derechos político-electorales de las implicadas, además de generar un entorno de hostilidad y violencia simbólica.

Se indicó que el alcalde realizó expresiones de descalificaciones en contra de las regidoras. Una de ellas sufrió actos discriminatorios por discapacidad, al cuestionarla sobre su condición visual, lo que afectó su dignidad, integridad emocional y derechos político-electorales.

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En otro caso, también se acreditaron omisiones graves relacionadas con la maternidad, luego de impedir injustificadamente la toma de protesta de otra regidora durante la etapa de puerperio, sin aplicar perspectiva de género.

La ombudsperson Ana Karen Parra Bonilla dio a conocer que la conciliación entre la maternidad y la participación política aún es un desafío estructural.

De igual manera, se indicó que las víctimas fueron valoradas por personal especializado de la Unidad de Investigación en Tortura, con lo cual se acreditaron violaciones a derechos como la libertad de expresión, igualdad de oportunidades, derecho a no ser discriminada, debida diligencia, participación en la vida política y pública, y a una vida libre de violencia, así como a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En esta recomendación se contemplan acciones dirigidas al Congreso para que designe a una persona que dé seguimiento al cumplimiento de la misma, así como al Instituto Estatal Electoral para investigar, sancionar y prevenir conductas relacionadas con la discriminación y violencia política, además del órgano de control interno para realizar las investigaciones y determinar si se ejecuta alguna sanción.

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afcl/LL

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