Estados

Piden apoyo para combatir a grupos del crimen organizado

La violencia ha generado el desplazamiento forzado de familias

Enrique Rascón Carrillo propuso cinco puntos para fortalecer la coordinación institucional en el tema del desplazamiento forzado. Foto: Especial
01/08/2026 |03:05
Redacción El Universal
Periodista de EL UNIVERSALVer perfil

Chihuahua.— El gobierno del estado solicitó al gobierno de México mayor presencia de las fuerzas federales en Guadalupe y Calvo para combatir a los grupos del crimen organizado, cuya violencia ha generado el desplazamiento forzado de familias en la Sierra Tarahumara.





Enrique Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, aseguró que el desplazamiento forzado es consecuencia de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, situación que ha obligado a un gran número de familias a abandonar sus hogares.

Advirtió que la magnitud del problema exige una mayor participación de la Federación, por lo que propuso cinco puntos para fortalecer la coordinación institucional como incorporar el desplazamiento forzado interno como tema permanente en las mesas de construcción de la paz del gobierno federal, integrar este fenómeno a la agenda del gabinete de bienestar.

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Así como fortalecer de manera permanente la estrategia federal de seguridad en los municipios serranos, mediante la atención a las causas, la desarticulación de las estructuras criminales y la detención de objetivos prioritarios. Además de restablecer los servicios federales en las comunidades afectadas, particularmente en materia de salud, energía eléctrica, abasto e inspección forestal para combatir la tala ilegal y destinar recursos específicos para la atención del desplazamiento forzado interno en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Rascón Carrillo afirmó que, si bien el combate al crimen organizado corresponde constitucionalmente al gobierno federal, el estado de Chihuahua ha asumido su responsabilidad mediante acciones presupuestales, operativas y humanitarias para atender a las personas desplazadas y proteger sus derechos.

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