San Juan Sabinas.— Martha Iglesias desearía que la muerte de su padre y de los mineros de Pasta de Conchos “valiera la pena”. Que hubiera un cambio completo en las inspecciones, en las normas, que haya responsabilidades, que haya cambios en la estructura del Estado, que cambiaran las cosas en su honor.
La realidad es otra. Desde la muerte de los 65 trabajadores en Pasta de Conchos, más de 120 mineros han muerto en la región, según datos oficiales pedidos por transparencia y la Organización Familia Pasta de Conchos. En dos décadas ocurrieron tragedias como la del pozo de BINSA, donde fallecieron 14 personas en 2011; la de la mina Micarán, en la comunidad de Rancherías, municipio de Múzquiz, en la que murieron siete personas en 2021, o la más reciente, en El Pinabete, en Agujita, Sabinas, donde perdiero la vida 10 mineros en 2022, y cuyos restos se recuperaron hasta febrero de 2025.
“Hay bastantes minas que producen carbón para CFE, pero no sabemos cuántos estén clandestinos. Van 20 años y seguimos igual: empresas pequeñas de carbón clandestinas. Sigue siendo un riesgo perder la vida, y la muerte de un minero no debe pasar”, dice Martha Iglesias.
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En la región carbonífera es común ver los pocitos en las comunidades. “Ves hoyos y hoyos por todos lados. No hay cambios”, insiste Martha.
Para la activista Cristina Auerbach, las medidas de no repetición no quiere decir que no van a hacer otra mina como Pasta de Conchos, sino que no pueden seguir comprando carbón en pozos, cuevas o minas precarias, donde se repite la muerte de los mineros.
En 2025, el gobierno federal y la CFE anunciaron la licitación para comprar carbón mineral en Coahuila, en donde se asignaron 27 partidas a diversos proveedores por 12 mil 239.3 millones de pesos. Sin embargo, para Auerbach se mantiene la misma dinámica: quienes explotan el carbón son empresas de reciente creación o que cambiaron de giro, empresas de las redes de políticos o empresas que tienen antecedentes de muertes de mineros.
Por ejemplo, Arcus Multiservicios del Norte S.A. de C.V., fue creada en 2023 y se dedicaba a la comercialización de materias primas para el comercio. Hasta 2025 se registró el cambio de objeto social, donde se incluyó la exploración, explotación, extracción y comercialización de carbón mineral.
También hay empresas o socios con antecedentes de muertes de mineros, como Carkim Industrial S.A. de C.V., que resultó beneficiado con un contrato de 356.3 millones de pesos, pero que tiene antecedentes de tragedias en el sector: en 2024 murió un minero en una mina de Palaú, además de los siete mineros muertos en Rancherías, Múzquiz, en 2021.
La activista lamenta que no se tenga empatía con esta región, a la que llama “zona de sacrificio” por la cantidad de víctimas que han muerto o que continúan trabajando en condiciones brutales.
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