“NL, tercer lugar en denuncias por aborto”

Nuevo León es el tercer estado con mayor numero de demandas por aborto, denunció en entrevista con EL UNIVERSAL la licenciada María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Área de Violencia de Género y Derechos Humanos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir México.

De acuerdo con la activista, la reforma aprobada en la entidad tendrá graves impactos para las mujeres, sobre todo para quienes son víctimas de abuso sexual, ya que aunque la modificación a la ley permite el aborto en estos casos, muchas veces quienes representan a los sistemas médicos y penales se niegan a otorgar las causales a quienes resultan embarazadas por su violador.

La modificación a la ley, aprobada el miércoles pasado en el Congreso local, señala que “el Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal [de la entidad]”.

¿Cómo impactará la aprobación de la modificación a esta ley?

—En Nuevo León encontramos desde antes una situación grave, de acuerdo con un análisis hecho por la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos, la entidad está en tercer lugar de denuncias por aborto. Lo que en la práctica pasa es que las restricciones legales tienen impactos devastadores para las mujeres. En este caso es terrible, porque la forma en que quedó redactada [la reforma de ley] quiere decir que eres persona desde que un óvulo se fecunda con un espermatozoide. Es grave en una cultura donde se criminaliza a la mujer y se le niegan sus derechos.

¿Cómo coloca a Nuevo León la penalización del aborto?

—Es un grave retroceso lo que sucedió en el estado, sobre todo cuando hay una serie de recomendaciones que han dado mecanismos internacionales que son vinculatorios, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que han hecho nota a los gobiernos de estas leyes restrictivas, que lo único que hacen es dejar a las mujeres en desprotección.

¿Y el actuar de los diputados?

—A los legisladores no les importa la vida de las mujeres, tampoco los marcos legales ni los organismos internacionales. Hay que revisar lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre que el embrión no es considerado una persona, la persona es la mujer.

¿Hay riesgos en esta modificación a la ley?

—No se va a solucionar nada, las mujeres van a seguir interrumpiendo sus embarazos, a pesar de que pongan en riesgo su vida (…) Ellas lo hacen por necesidad, no por otra cosa, cada una vive en contextos distintos; el problema más grave es que no se reconoce que el aborto es un problema de salud pública. A la fecha no ha disminuido y en muchos casos sigue siendo clandestino.

¿Qué pasa en los casos abortos por violación?

—En los estados, a pesar de tener el aborto por violación, las mujeres no acceden a él, un viacrucis donde se les revictimiza y maltrata. Se deja de lado, incluso, que existe la Norma 046, que obliga a las autoridades a tratar estos casos como situaciones donde se debe atender a las víctimas como prioridad.

¿Cómo ocurre esto?

—Debido a estos marcos restrictivos se genera incertidumbre legal y en el caso de la causal violación o salud los médicos terminan por negarlas [porque] piensan que les pueden quitar su cédula.

¿Qué se puede decir sobre los llamados grupos “provida”?

—Hay un pronunciamiento fuerte de estos grupos, pero no han generado políticas públicas para la salud y seguridad de la mujer. Es aberrante darle todos los derechos al no nacido, pero no garantizarselos a las mujeres: nos matan a diez por día y eso no les encandaliza.