Migrar en pandemia: Covid-19 no frena a centroamericanos

Juchitán de Zaragoza.- William Alberto Cabrera, su compañera y una niña de tres años forman parte de los 18 mil 230 migrantes que han solicitado desde enero hasta abril, la condición de refugiados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) , según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar).

En medio de la pandemia del Covid-19, los migrantes de Centroamérica se convirtieron, en menos de tres meses, en la población más vulnerable y expuesta: siguen llegando a México, pero no tienen dónde vivir y están sujetos a los vaivenes de la inseguridad y el crimen organizado.

William Alberto y su familia esperarán en Ciudad Ixtepec a que pase la pandemia, para que autoridades migratorias resuelvan si huyeron de El Salvador porque su vida corrían peligro por las amenazas de las pandillas. Como ellos, desde agosto pasado 221 personas han solicitado ante Comar y el INM la condición de refugiados desde esta comunidad del Istmo de Tehuantepec. A nivel nacional son muchos más.

Según datos oficiales, de enero a abril sumaron 18 mil 230 los migrantes que solicitaron refugio en México: 5 mil 829 son hondureños, 3 mil 524, haitianos; 2 mil 600, cubanos; mil 68 son salvadoreños y mil 685 venezolanos. Algunos esperan en albergues y otros en casas donde han conseguido empleo; todos están en la incertidumbre.

Lo están porque todos los trámites están suspendidos, las autoridades migratorias y la Comar sí están recibiendo solicitudes de refugio, pero no están resolviendo la entrega de la tarjeta que les permita permancer en el país de forma temporal o permanente. Lo importante, dicen defensores de migrantes, es que México tampoco los están deportando.

A diferencia de William, su compatriota Griselda Carolina Pérez Ramírez tuvo mejor suerte. Ella solicitó el trámite para obtener su tarjeta de residencia permanente y hace dos semanas recibió el preciado documento que le permitirá recibir la asistencia de la Comar para conseguir un empleo, vía acuerdos consulares, en nuestro país.

Y aún mejor fue la suerte de Vilma Fuentes Sarabia, originaria de El Tránsito, departamento de San Miguel, en El Salvador. De acuerdo con reportes de las autoridades migratorias, ella iba a solicitar en diciembre su tarjeta de residencia permanente, sin embargo, le pidieron que esperara el nacimiento de su bebé.

El bebé, quien fue registrado en la oficialía del Registro Civil de Ciudad Ixtepec con el nombre de Anthony Martín, nació el cuatro de febrero y eso le dio la oportunidad a su madre de obtener la visa por Vínculo Familiar, aunque para ello tuvo que pagar mil 300 pesos y quizá se haga acreedora a una multa de mil 700.

Pero la suerte de Griselda y Wilma no es la de todos y muchos migrantes viven la pandemia en un país ajeno donde no siempre son bien recibidos y donde no hay albergues ni garitas migratorias que los reciban en esta cuarentena.

Cerrar y abrir puertas

En el albergue Hermanos en el Camino, que fundó en 2007 el sacerdote Alejandro Solalinde en Ixtepec, 65 centroamericanos pasan el aislamiento. Ningún migrante más de los que deambulan cerca de la estación ferroviaria puede ingresar a ese espacio considerado un oasis.

“Como éste, los albergues que tienen el respaldo de clérigos y misioneras cerraron sus puertas desde mediados de marzo, con la finalidad de impedir el contagio de Covid-19 a la población que permanece en esos espacios”, dice Solalinde a EL UNIVERSAL. El acceso sólo se permite en casos especiales, agrega.

Mientras que los migrantes que deseen salir del albergue en estos días de pandemia tienen toda la libertad para hacerlo, solamente se les explican los riesgos que corren de contagiarse y, si aún así deciden irse, nadie los detiene.

Pero si los albergues cerraron sus puertas, las estaciones migratorias que tiene el INM en todo el país las abrieron y permitieron la salida de al menos 3 mil 759 migrantes que estaban en 65 de estos espacios, de acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración de la Segob.

“En las estaciones de Chiapas, Tabasco y Veracruz fueron liberados 400 migrantes por razones humanitarias y para evitar los contagios”, detalla Solalinde, pero lamenta que, aunque se hizo todo para darles seguimiento, no fue posible. Algunos ya deben estar en la frontera norte de México.

El sacerdote agrega que pese a la pandemia, los grupos criminales y las restricciones en las fronteras norte y sur del país, el flujo migratorio ha aumentado y además se ha encarecido, pues en los tiempos del Covid-19 un traslado desde Centroamérica a Nueva York, o a Chicago, cuesta hasta 10 mil dólares. Obviamente, explica, esos movimientos ilegales no se darían sin la complicidad de elementos del INM.

“Estoy convencido de que al término de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador redefinirá una política migratoria que vaya más allá del concepto de seguridad interior, creará una subsecretaría específica y limpiará toda la podredumbre que hay en el INM”, dice con esperanza el clérigo.

afcl