Suzette Soto Pinacho, jueza del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, denunció ser víctima de violencia contra ella y sus dos hijos, la cual es perpetrada por su ex pareja, el empresario y ex funcionario público Jaime Castellanos del Campo.
A través de una carta pública, afirmó que esta violencia también la ha ejercido contra otras mujeres y menores de edad, que no se atreven a denunciar.
“La violencia fue creciendo con los años y se agudizó cuando yo decidí poner un alto a la violencia física, psicológica y económica que esta persona ejerció en mi contra”, manifestó.
La jueza mencionó que no denunció antes porque siempre fue amenazada con que le quitaría a su hijo mayor y que haría un escándalo en su trabajo. “A la par en redes sociales se mostraba como un hombre preocupado por Oaxaca y por su familia; esto era sólo parte de sus muchas estrategias para conseguir un puesto político”, agregó.
Denuncias por violencia y violencia vicaria
Suzette Soto sostuvo que aguantó por muchos años y denunció en dos ocasiones violencia física ante la Fiscalía General del Estado; sin embargo, por temor a las amenazas y al “escándalo”, decidió no continuar.
También mencionó que firmó tres convenios con su ex pareja tras la separación, los cuales nunca se cumplieron, además de acusarlo de ser deudor alimentario por más de 11 años.
“La pensión alimenticia nunca la dio en más de 11 años, pero eso no me interesó ya que siempre he visto sola por mis hijos; a pesar de ello siempre tuvo convivencia”, relató, al señalar que el acusado exponía a los menores en redes sociales, en fotos, videos e incluso con fines políticos.
“Así fue como me di cuenta que la convivencia la utilizaba para manipularme a mí y a mis hijos, exponerlos a riesgos, grabarlos o mostrar sus rostros en espectaculares, como en su campaña ‘Oaxaca sin COVID’, teniendo yo que promover amparos para que los retiraran; cada día la violencia vicaria aumentaba”.
Órdenes de protección y respuesta del señalado
Desde 2024, aseguró, se le han impuesto órdenes de protección a su agresor, luego de presentar mensajes, fotografías y videos que acreditan actos de violencia. Entre las medidas están dejar de intimidarla, amenazarla o molestarla, así como no difundir imágenes ni datos de sus hijos ni usar medios públicos para ello.
No obstante, afirmó que el señalado no cumple las órdenes, acumula más de 20 incumplimientos y mantiene una campaña de odio en su contra, con amenazas constantes hacia ella y su familia.
“Hace un año al papá de mis hijos lo detuvieron por violencia contra su tía y mis hijos estaban con él”, agregó, al señalar que posteriormente su hijo fue manipulado y expuesto en redes sociales con acusaciones en su contra.
Por su parte, Jaime Castellanos, ex funcionario del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, negó las acusaciones en un video difundido en redes sociales y anunció acciones legales por difamación. Aseguró que las pensiones alimenticias están cubiertas, negó actos de corrupción y sostuvo que la supuesta privación ilegal de la libertad ocurrió durante un día de convivencia legalmente establecido, versión que —dijo— consta en expedientes judiciales.
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