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Culiacán.— La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio entrada a las denuncias de acoso sexual contra dos catedráticos de la Universidad Autónoma Indígena de México, cuya rectora, Guadalupe Ibarra Ceceña, anunció que los docentes serán separados de sus cargos de forma preliminar, pero no va a permitir actos de injusticia.
Respaldó que alumnas del plantel central, ubicado en la comunidad de Mochicahui, en el municipio del Fuerte, hicieran públicas sus denuncias en compañía de sus padres, quienes encararon a los docentes.
Señaló que si existen más situaciones de misoginia o acoso sexual por parte de catedráticos, cuyos hechos ya hayan sido conocidos por el personal de los programas educativos, las consecuencias serán mayores por ocultarlos y solaparlos.
Advirtió que todos los casos serán investigados para no cometer injusticias, puesto que se defenderá a la planta docente que sea víctima de falsas imputaciones con el fin de demeritar su honorabilidad.
El lunes, estudiantes con pancartas condenaron los actos de acoso sexual que sufren en esta universidad, durante una manifestación en la plazuela de Mochicahui.
Sin identificarlos por sus nombres, las familias de las jóvenes víctimas de las conductas de los maestros expusieron que presentarán denuncias en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
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La Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado informó que investiga las denuncias junto con las autoridades universitarias y del Tecnológico de Culiacán, y se tomarán las medidas que procedan.
Llamadas de auxilio
En lo que va de 2020, se han recibido mil 456 llamadas de emergencia por parte de mujeres que se ven expuestas a la violencia, mientras que 400 más han acudido al Consejo Estatal Para La Prevención Y Atención De La Violencia Familiar en busca de información, albergues, atención jurídica, sicológica o gestión social.
Gabriela Inzunza Castro, titular del consejo, expuso que llevan a cabo jornadas informativas en diversos sectores de la población, sobre todo en colonias en las que está detectada la mayor parte de los casos de violencia en los hogares, vía pública o transporte.
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Indicó que sólo se cuenta con un refugio para mujeres violentadas, el cual opera en un edificio que se tiene en comodato por el gobierno federal, con escaso personal para atender a las víctimas.
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