Incluirán en lista de agresores a diputado local

Mexicali.— La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la sentencia contra el diputado Marco Blásquez Salinas por violencia política en su modalidad de violencia simbólica ejercida contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Razón por la cual, la Consejería Jurídica del gobierno del estado de Baja California incluirá en el registro de agresores al legislador del Partido del Trabajo (PT).

La consejería avaló la determinación de la existencia de violencia política en razón de género en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, cometida por el diputado del Congreso de Baja California, Marco Antonio Blásquez Salinas.

No obstante que el ciudadano presentó un recurso de impugnación de la medida determinada por parte de la Sala Guadalajara del TEPJF, la Sala Superior ratificó la sentencia, al establecer que sí se presentó violencia política en su modalidad de violencia simbólica.

Dichas manifestaciones violentas se habrían realizado durante un programa de televisión denominado Entre Columnas, de la cadena televisiva Primer Sistema de Noticias, en el que el diputado participó, por lo que la sentencia en su contra fue ratificada.

Por lo tanto, el diputado Blásquez Salinas debe ser incluido en un registro de agresores, mismo que es de conocimiento público.

La Consejería Jurídica del Estado señaló, en un comunicado de prensa, que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) juzgó sin perspectiva de género de manera inicial y sin revisar la integridad de las expresiones del legislador.

El consejero jurídico del estado, Juan José Pon Méndez, destacó la importancia de esta sentencia, ya que también sienta, de forma clara y precisa, un precedente para inhibir la enunciación desde espacios públicos de discursos que atenten contra la igualdad y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

El funcionario estatal destacó la necesidad de que las y los servidores públicos se conduzcan conforme a derecho y no incurrir en manifestaciones violentas que pongan en riesgo la integridad de terceros o la estabilidad social del estado, se consignó en el comunicado.