A cinco años de haber sido de su comunidad, las familias de Santiago Textitlán, de la Sierra Sur de pidieron a los tres niveles de gobierno "que nos apoyen para poder hacer nuestra casa porque solos no podemos”.

Las familias, víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, pudieron reubicarse de manera temporal en un terreno baldío y sin servicios, donado por un vecino de Textitlán, donde permanecen como refugiados desde el 20 de diciembre del 2020. Las familias colocaron lonas y casas de campaña, mientras esperan el retorno seguro a su comunidad de origen.

“Gracias a una persona que donó su terreno, ya no nos van a correr, pero necesitamos apoyo para hacer nuestras casas, porque solos no podemos”, manifestaron, desde un terreno estéril sin servicios de luz, ni de agua y menos sanitarios.

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Familias de Río Santiago. Foto: especial
Familias de Río Santiago. Foto: especial

Desplazamiento de familias

Hace cinco años, las familias huyeron de su comunidad con lo que pudieron, en la madrugada del 20 de diciembre de 2020, hombres armados provenientes de la comunidad vecina de Santiago Xochiltepec irrumpieron en Río Santiago, abrieron fuego durante varias horas, lo que les obligó abandonar sus casas, sus pertenencias, para luego refugiarse en la cabecera municipal de Santiago Textitlán.

Durante el desplazamiento, las familias de Río Santiago denunciaron que las personas armadas que ingresaron a su comunidad, saquearon sus bienes, robaron sus ganados y quemaron las casas.

La violencia en esta zona de la Sierra Sur de Oaxaca, ocurrió durante el gobierno del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa. El conflicto ha sido en torno a los recursos públicos y la distribución de participaciones municipales y fue recrudeciendo hasta que las familias huyeron.

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Pese a las mesas de trabajo entre las víctimas y las instituciones de gobierno, no hay detenidos por los hechos del 2020, en la cual también fueron asesinadas dos personas. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha informado sobre las investigaciones.

Las víctimas, alrededor de 30 familias, han hecho solicitudes para el apoyo institucional, movilizaciones y protestas frente a las instancias estatales, pero hasta ahora, la justicia no les ha alcanzado.

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sg/mcc

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