Guadalajara.— Hoy se cumple un año de la desaparición de Javier Salomón Aceves Gastelum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, los tres estudiantes de cine que fueron privados de su libertad por un comando armado en Tonalá.

Ante ello, colectivos de estudiantes convocaron a manifestarse para exigir la aparición con vida de los jóvenes y que las autoridades federales y estatales esclarezcan los hechos.

En redes sociales, el Colectivo Acción Artística llamó a una marcha que saldrá a las 9:00 horas de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), donde estudiaban los tres, y concluirá en la glorieta de los Niños Héroes, renombrada simbólicamente Glorieta de los Desaparecidos, ahí se sembrará El Jardín de la Memoria para los desaparecidos en la entidad.

La Asamblea Interuniversitaria, conformada por estudiantes del estado a partir de la desaparición de los tres jóvenes, llamó a una marcha que partirá a las 17:30 horas desde la Glorieta de los Desaparecidos y llegará al Parque de la Revolución.

La Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara también anunció movilizaciones para ese día; sin embargo, no ha revelado la hora ni el lugar.

Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel desaparecieron después de hacer filmaciones en una finca de Tonalá que presuntamente pertenecía a Edna “N”, tía de Javier Salomón.

Según la versión que entonces hizo pública la fiscalía de Jalisco, el sitio pertenecía a Diego Gabriel Mejía Odilen, alias El Diego, identificado como parte del Cártel Nueva Plaza (CNP), que mantiene una disputa con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de Tonalá.

La investigación de la fiscalía señala que los jóvenes supuestamente fueron confundidos con integrantes del CNP, asesinados por una célula delictiva del CJNG y sus cuerpos disueltos en ácido, pero algunas inconsistencias en las indagatorias y a falta de pruebas científicas contundentes, algunos de los padres de los jóvenes rechazaron la versión oficial.

En diciembre pasado, tras un pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la actual administración estatal decidió reabrir el caso. Además, la Fiscalía General de la República ejerció su facultad de atracción. Por este caso permanecen presas cuatro personas.

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