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Zacatecas.- El exrector Rubén Ibarra Reyes no acudió este viernes al citatorio de derecho de audiencia que le giraron las autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en donde se le iba a notificar el inicio del procedimiento de rescisión de contrato.
En la cita solo estuvieron presentes César Augusto Rivera Muñoz, abogado general de la UAZ, así como el representante jurídico del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), quien sólo acudió para presenciar que se diera inicio a dicho procedimiento.
Ante la tardanza de la rescisión, tanto el Movimiento Estudiantil de la UAZ, así como un grupo de docentes investigadores, advirtieron al rector interino Armando Flores, así como al rector electo Ángel Román que no van a permitir que “sigan interviniendo a favor de abusador confeso” y adelantaron que estarán “vigilantes de los procesos para que prime la legalidad y el interés superior de la niñez zacatecana y no los intereses criminales”.

Estas exigencias surgen a cuatro semanas que Rubén Ibarra confesara ante un juez haber abusado sexualmente de una niña, a quien se le impuso una pena de cuatro años de prisión, pero debido a que ese delito en Zacatecas no está tipificado como grave, salió en libertad bajo fianza ese mismo día.
Piden intervención de Mario Delgado y Rosaura Ruiz
Al considerar que las autoridades universitarias han retardado el proceso de expulsión del exrector, los docentes investigadores que suscribieron un manifiesto, anunciaron que también han solicitado de manera formal la intervención de Mario Delgado, secretario de Educación Pública y de Rosaura Ruiz Gutiérrez, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, para que se proceda a la inhabilitación y el retiro de apoyos económicos a Rubén Ibarra que tiene dentro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII), así como del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep).
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En los oficios que se giraron a las dos instancias federales, los docentes de la UAZ justifican que debe proceder de inmediato la inhabilitación y el retiro de los beneficios de estos programas de excelencia, porque se informa que el pasado 16 de mayo Ibarra Reyes fue condenado por el delito de abuso sexual agravado contra una menor, mientras fungía como rector de la UAZ, como docente investigador del SNII y como beneficiario de la Prodep “lo que implica una falta de ética grave y un daño a la imagen pública y principios rectores de la SECIHTI como de la UAZ”.
A esta exigencia se sumó el Movimiento Estudiantil UAZ por medio de un comunicado, donde exigen “transparencia en los procesos administrativos y legales, así como la no intervención de intereses ajenos a la justicia y la protección de la comunidad universitaria y de las infancias”.
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