Zitácuaro.— Los 16 municipios de la región oriente de Michoacán se han convertido en el tercer campo de guerra más grande entre los cárteles que se disputan la entidad.
Desde asesinatos de alcaldes, periodistas, ataques a policías, en bares, en palenques, se han registrado en la región.
También se incrementaron los homicidios y desapariciones de mujeres, además del control comercial a manos de la delincuencia y el desplazamiento forzado.
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EL UNIVERSAL recorrió esa zona plagada de crímenes e informantes o halcones que se movilizan en motocicletas, bicicletas, camionetas sin placas y taxis.
Como en otras regiones de Michoacán, autoridades estatales y federales lanzaron una estrategia para bajar los índices delictivos.
Habitar el horror
Mateo, de 53 años, es un vendedor ambulante en la cabecera municipal de Zitácuaro. En menos de tres días le tocó quedar en medio de dos ataques armados. El 1 de mayo, un grupo criminal disparó contra personal policial; el saldo fue de cuatro delincuentes muertos.
Tres días después, en la misma zona, Juan de Dios, hermano menor del alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, fue víctima de un ataque.
El familiar del presidente municipal, un empresario y una niña resultaron lesionados. Un presunto agresor murió abatido por la policía local.
En ambas ocasiones, Mateo estuvo a unos metros. “Vivir en Zitácuaro ya me da terror. Me ha tocado la mala suerte de estar en el lugar menos indicado a la hora equivocada, pero soy afortunado de sobrevivir”, relata.
Cuenta que lo primero que hizo fue proteger detrás de un camión a su pequeño hijo Sebastián, quien lo acompaña en ocasiones a su trabajo.
Mateo señala que fue trabajador de una empresa comercializadora, la cual cerró sus puertas al no poder pagar las extorsiones del crimen organizado.
Al no haber empleos, Mateo compró algunos artículos con lo que le dieron de liquidación para venderlos en las calles. “Pero creo que no fue buena idea”.
“De tres años para acá, ya es peligroso estar en la calle, en tu trabajo y hasta en tu hogar, porque [los criminales] están en todos lados”, lamenta.
Mateo ya piensa en vender su automóvil, pedir un préstamo y llevarse a su familia fuera de México ante la violencia.
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Cierran carnicerías por extorsión
El control, operatividad y cogobernabilidad del crimen organizado ya impactó al abasto de alimentos. El comerciante que no paga cuota, quiebra, es secuestrado o asesinado.
A 49 kilómetros de Zitácuaro, desde hace dos semanas no hay carnicerías abiertas. La célula criminal local impuso cuotas de 50 mil pesos al mes.
La extorsión de un integrante del grupo delincuencial Los Correa a las carnicerías se volvió insostenible, por lo que los propietarios decidieron cerrar.
Los habitantes de Ciudad Hidalgo tienen que viajar a otros municipios a comprar carne, por lo que el costo se les dispara hasta el triple o cuádruple.
Esa misma situación ya había ocurrido durante los meses de febrero y marzo de este año, cuando cerraron por primera vez todas las carnicerías.
La misma medida “tributaria” fue impuesta a pollerías, a las que les cobran entre 15 y 20 mil pesos mensuales, que tampoco pudieron pagar los comerciantes.
La célula delictiva de Los Correa también fijó una cuota de 10 pesos por kilo de tortilla que vende cada establecimiento, lo que significa la mitad del costo al público.
Tanto los expendios de pollo, como las tortillerías, han disminuido y ya hay muy pocas abiertas, que consideran cerrar.
Habitantes de Ciudad Hidalgo temen denunciar ante las autoridades municipales este tipo de atropellos criminales, ya que acusan colusión y corrupción.
“Ni modo que el presidente [municipal] José Luis Téllez [Marín] no sepa lo que pasa, porque también consume carne, tortillas y pollo”, dicen vecinos.
El alcalde sí sabe lo que pasa. El 4 de abril, Téllez Marín pidió a los habitantes confinarse ante la violencia desatada durante la guerra entre grupos antagónicos del crimen organizado.
Ningún desconocido entra o sale de la cabecera municipal sin ser fotografiado o cuestionado por los informantes al servicio de la organización criminal local.
Los Correa —aliados del cártel de La Familia Michoacana—, también son señalados por la desaparición y reclutamiento forzado de jóvenes para engrosar sus filas.
Los familiares de las víctimas no denuncian porque desconfían de la Policía Municipal.
Áreas de inteligencia detectaron que una propiedad de esa célula delictiva, ubicada en la comunidad de San Antonio, es un campo de adiestramiento.
Maravatío es otro de los municipios de esa región que también está envuelto en una escalada de violencia. Los lugares de venta y consumo de droga son los escenarios de ataques.
Los bares y centros nocturnos de ese municipio han sido igualmente blanco de ataques, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones por los grupos en disputa, que involucran al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana, a la que se han sumado otros grupos criminales.
Desaparecidas y desplazados
Las desapariciones de mujeres y el desplazamiento forzado también se han disparado de mayo de 2021 a la fecha.
Una representante del colectivo feminista Heroica Revolución, que pidió el anonimato, informó que en la región de Zitácuaro hay 14 mujeres desaparecidas, sin considerar a las que viven en zonas marginadas.
Además, en los últimos 12 meses tienen registro de un promedio de ocho mujeres asesinadas, “pero tampoco tenemos los números exactos”.
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, titular de la Secretaría del Migrante en Michoacán, indicó que hay 40 municipios en el estado, donde se registra desplazamiento forzado.
En esta región oriente se concentran 96 de los 806 homicidios dolosos registrados del 1 de enero al 30 de abril de este año en todo el territorio michoacano.
Blindaje
Ante la escalada de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la fiscalía de Michoacán, el Ejército y la Guardia Nacional desplegaron el programa Blindaje Zitácuaro.
Conrado Corral Leyva, comisario de la SSP en la región Oriente, explicó que el operativo consiste en la coordinación de seguridad de los tres órdenes de gobierno. “Esto con el fin de reforzar el estado de fuerza, con base en la coordinación y combatir con más elementos e inteligencia el índice delictivo”, señaló.
Corral Leyva informó que la SSP estatal se ha hecho cargo de la seguridad en siete municipios de la región oriente.
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