Drones de 3.5 mdd, sin usar por fallas: gobierno de Sinaloa

Los drones tipo S45 (Jaguar) recién adquiridos por el gobierno de Sinaloa para la vigilancia área no han podido ser usados, puesto que sus características de operación no corresponden a lo establecido en el contrato, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Genaro Robles Casillas.

El funcionario detalló que en las diversas pruebas realizadas, desde diciembre pasado, con estas dos aeronaves no tripuladas, cuyo valor asciende a 3.5 millones de dólares, se ha documentado que no cumplen con tres particularidades vitales de operación.

Comentó: “Un punto en contra de la empresa, con la que se tiene un contrato todavía no cerrado, es que ésta incumplió con la fecha de entrega de ambos drones, los cuales fueron exhibidos el pasado 13 de diciembre en las instalaciones de la Seguridad Pública estatal”.

Sin especificar cuáles son las tres características faltantes, informó que en caso de que la empresa Hydra Technologies de México no los resuelva, se procederá a cancelar el contrato de compra que se tiene abierto, por un monto de 3.5 millones de dólares.

Descritos como lo más avanzado. El pasado 13 de diciembre, en el complejo de Seguridad del C-4 de esta ciudad fueron exhibidos los dos drones tipo S45 (Jaguar), los cuales fueron descritos como lo más avanzado en tecnología, con capacidad de vuelo de hasta 12 horas.

Imperceptibles a la vista humana. Fue el subsecretario de Seguridad Pública, Cristobal Castañeda Camarillo, quien explicó que estos modernos aparatos, en vuelo son imperceptibles a la vista humana, por lo que su uso permitirá vigilar desde el cielo el sector rural.

Señaló: “Los equipos aéreos no tripulados, tipo Bálaam S45, podrán sobrevolar a una altura de 12 mil metros, con un rango de recorrido de 120 kilómetros de distancia”.

Castañeda Camarillo explicó que con su tecnología, los artefactos permitirán inhibir el robo de vehículos, la privación ilegal de la libertad y vigilar el tránsito de posibles grupos delictivos en la zona rural y en el casco urbano de las ciudades, donde no se tienen cámaras de videovigilancia.