Detienen a indígenas de Chenalhó en protesta

Más de una decena de detenidos, dos policías lesionados y varios indígenas heridos y golpeados, dejó el desalojo de centenares de tzotziles del municipio de Chenalhó, quienes protestaban afuera del Palacio Estatal de gobierno.

Policías y manifestantes se enfrentaron con gases lacrimógenos, piedras y palos en el Zócalo y calles aledañas del centro de Tuxtla Gutiérrez, donde fueron desplegados más de 250 elementos policiacos.

Moisés Grajales Monterrosa, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó de manera preliminar que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

En el choque, contra más de 400 indígenas, resultaron lesionados un policía estatal y otro municipal, precisó Grajales.

A fin de prevenir nuevos hechos violentos, patrullas y uniformados montaron un circuito de seguridad y resguardo afuera del Palacio de Gobierno y calles concéntricas.

Los tzotziles, originarios de diferentes comunidades de Chenalhó, vandalizaron al mediodía la entrada principal del Palacio de Gobierno. Acompañados de unos 63 agentes municipales, los indígenas exigían atención gubernamental y solución a sus demandas sociales y comunitarias, reclamadas desde 2016.

Un grupo de manifestantes, algunos encapuchados, parapetados con tubos de hierro y palos, arrancó parte de la reja de protección, rompió cristales y destruyó dos cámaras de video de la entrada principal de la sede del Poder Ejecutivo Estatal.

Fidel Arias Pérez, uno de los voceros del Movimiento Medrano de Chenalhó, informó que la protesta se realizó debido al incumplimiento del gobierno estatal en la entrega de recursos para realizar obras públicas en comunidades y cabecera municipal, “las cuales no se ejecutan desde 2016” bajo la complacencia de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, quien “no gobierna para todos, sino sólo para sus seguidores”.

Esta situación propició que no se paguen aguinaldos y se retengan sueldos de empleados de la administración local.

Agregó que otra demanda es el pago de indemnizaciones a deudos de Jonhy Orlando Vázquez Ruíz, asesinado en febrero de 2017, y de Lorenzo Santis Álvarez, ultimado en marzo de ese mismo año.

El deceso de ambos fue derivado del conflicto político poselectoral y la pugna por la presidencia del ayuntamiento, entre Rosa Pérez y el actual síndico Miguel Santis Álvarez. Los fallecidos dejaron seis hijos huérfanos.