El Congreso local aprobará la desaparición de poderes en el municipio de Paraíso, ante la negativa de los regidores suplentes para tomar protesta tras la destitución de 10 integrantes de ese cabildo ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por incumplir en el pago de laudos.

El Poder Legislativo hizo una segunda llamada para que se presentaran los 10 funcionarios suplentes; sin embargo, sólo acudieron cuatro: Vladimir Julián Jiménez, Alfredo Ricárdez Alejandro, Rosalino Peregrino Alejandro y Maylen Angulo Alejandro, quien llegó en ambulancia por haber dado a luz cinco días antes.

Debido a la ausencia de seis regidores, quienes el fin de semana entregaron su carta de renuncia, el pleno determinó enviar el expediente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que elabore un dictamen donde se ordene la desaparición de poderes.

Con base en el artículo 57 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado se procederá a designar un Concejo Municipal, integrado por tres ciudadanos, que concluirá el actual periodo, el 4 de octubre.

“El primer concejal tendrá además todas las facultades que corresponden al presidente municipal, el segundo, las del síndico de Hacienda y al tercero, las de un regidor y en su caso, las del segundo síndico”, establece el citado artículo. Las personas designadas no podrán excusarse de servir, sino por causa justificada que será calificada por la Legislatura local, hecho que ocurrirá hoy, para que este jueves sea aprobado por el pleno el dictamen y se les tome protesta.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el independiente, Marcos Medina Filigrana, aseguró que el tema será tratado como urgente, pues la administración no puede seguir a la deriva.

El pasado 14 de enero, la SCJN mandató a las autoridades municipales, encabezadas por el edil perredista, Bernardo Barradas, cubrir 90 millones de pesos a 23 ex trabajadores por demandas laborales.

En Tabasco existen cuatro precedentes de desaparición de poderes: dos se dieron por actos de corrupción en los municipios de Nacajuca (1992) y Tenosique (1990), y dos por conflictos políticos en Cárdenas y Macuspana (1992). Pese a ello, esta es la primera vez que se origina por laudos laborales.

En tanto, en municipios de Michoacán y Oaxaca también han aprobado la designación de concejos municipales por conflictos políticos e incluso a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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