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La Paz. - El Congreso de Baja California Sur analiza una iniciativa de ley para la atención, protección e inclusión de personas con trastorno del espectro autista (TEA), en medio de críticas y cuestionamientos de familiares y especialistas que acusaron que la consulta pública fue una simulación.
La iniciativa fue presentada ante el pleno por el diputado Martín Escogido Flores, a nombre de las comisiones de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, y plantea establecer mecanismos de coordinación institucional para garantizar diagnóstico oportuno, terapias y rehabilitación integral para personas con autismo en el estado.
Entre sus ejes principales -leyó el diputado- se propone crear una comisión intersecretarial encabezada por la Secretaría de Salud, que articularía acciones con dependencias estatales, el Sistema DIF, el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y representantes de organizaciones civiles.
El proyecto también plantea fortalecer las unidades básicas de rehabilitación en los cinco municipios mediante equipos multidisciplinarios para diagnóstico y atención especializada, mientras que los servicios médicos se brindarían a través de instituciones como IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.
La discusión legislativa ocurre luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó -en marzo del año pasado- la ley estatal sobre autismo aprobada en 2024, al determinar que durante su proceso legislativo no se realizó una consulta específica y directa a personas con trastorno del espectro autista, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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El máximo tribunal ordenó al Congreso de BCS realizar dicha consulta y emitir una nueva legislación.
Sin embargo, durante la sesión, con pancartas que llegaron hasta el pleno, participantes en las mesas de trabajo realizadas durante varios meses afirmaron que las aportaciones ciudadanas no fueron incorporadas en la iniciativa.
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Entre las críticas señalaron la ausencia de un presupuesto específico, la falta de monitoras escolares para garantizar la inclusión educativa y la carencia de sanciones para las instituciones que incumplan con la ley.
“No más inclusión simbólica”, advirtieron en sus pancartas madres de familia, quienes insistieron que la iniciativa no contempla recursos para aterrizar los programas y acciones.
afcl/LL
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