San Cristóbal de las Casas, Chis; 9 de enero. - El caso de la niña de 13 años de edad, que dio a luz el pasado fin de semana, en el Hospital del Niño y la Madre, reavivó el tema de los embarazos de niñas en las comunidades indígenas de Chiapas, por lo que organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, pidieron no “normalizarlo”.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) dijo que esta práctica que se registra en algunas comunidades de Chiapas no debe normalizarse.
“El incremento de partos de niñas de entre 10 y 17 años de edad, así como la persistencia de embarazos en niñas menores de 14 años no puede, ni debe normalizarse”.
En un pronunciamiento, la organización que trabaja por la defensa de los derechos de la infancia asegura que los embarazos de niñas y adolescentes están relacionados con la violencia sexual.
“Estos embarazos, en su mayoría, están vinculados a violencia sexual, uniones forzadas y prácticas que anulan la autonomía y la identidad de las niñas, configurando casos de fecundidad forzada, prohibida por la legislación nacional e internacional”.
El caso de la niña DN, de 13 años de edad, originaria de San Juan Chamula, que el 6 de enero, se supo había dado a luz en el Hospital del barrio de Santa Lucía, de esta ciudad, es consecuencia de la crisis de derechos humanos.
“Este hecho no es aislado”. “Es un reflejo de la crisis de derechos humanos, violencia estructural y falta de políticas públicas que acompañen el interés de la niñez y adolescencia”.
La organización explica que la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, en México se reconoce a las personas menores de 18 años, como “sujetos de derechos y prohíbe cualquier práctica que vulnere su integridad, incluido el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas”.
Por esto, pide: “Combatir los matrimonios forzados y uniones tempranas”, “Garantizar la identificación temprana y la atención integral ante la violencia sexual hacia niños y adolescentes”, “Garantizar el cumplimiento de las NOM 046-SSA, que establece que toda niña, adolescente o mujer víctima de violencia sexual tiene derecho a la interrupción legal de embarazo”, “Asegurar que niñas y adolescentes y mujeres tengan atención inmediata sin criminalización y revictimización”, “Asegurar que la Procuraduría de Protección correspondiente genere un plan de restitución de derechos que garantice a la niña involucrada condiciones de protección y no repetición de la violencia”.
De acuerdo a la Secretaría de Salud, la niña DN, de 13 años de edad, tenía 34 semanas de gestación cuando dio a luz, con complicaciones obstétricas, incluso fue intubada, pero en las recientes horas “no presenta complicaciones que pongan en riesgo su vida”, pero en el caso del niño, sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, “donde recibe atención médica especializada y permanente”.
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