Pachuca. - Una diligencia ejecutada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la planta Cruz Azul, en Hidalgo, derivó en un enfrentamiento en el que se reportaron personas heridas y, de manera preliminar, al menos 30 detenidos entre cooperativistas de la región.

Alrededor de las cuatro de la mañana, patrullas de la Policía Estatal y de corporaciones de municipios como Tula, Atitalaquia, Atotonilco de Tula y Tepeji cerraron las carreteras de acceso a Ciudad Cruz Azul, mientras personal de la Fiscalía ingresó a la planta por la puerta número uno.

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Esto provocó que obreros de la empresa que permanece inactiva desde hace cinco años se enfrentaran con los elementos de seguridad. Durante la intervención se registraron detonaciones y el uso de gas lacrimógeno, lo que generó momentos de tensión entre autoridades y pobladores.

También hubo daños a al menos cuatro patrullas, así como personas lesionadas y afectadas por el gas lacrimógeno. Los pobladores acusaron uso excesivo de la fuerza.

Foto: Especial
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De acuerdo con testimonios de los cooperativistas, durante el operativo se realizaron diversas detenciones que estiman en al menos 30 personas, entre ellas Cruz Martínez Reséndiz, Héctor Hernández Zúñiga, Guillermo, Juan José Godoy Lugo, entre otros.

En un primer momento, familiares de los detenidos acusaron que fueron aprehendidos de manera ilegal y señalaron que no se les informó oficialmente su situación jurídica, ubicación ni estado de salud.

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Habitantes de la demarcación informaron que al enterarse del ingreso de patrullas y del intento de toma de la planta acudieron en apoyo de los cooperativistas; sin embargo, los accesos permanecían cerrados.

“Cuando intentamos acercarnos, dispararon al aire y ya no pudimos llegar. Tuvimos que buscar otros accesos, pero no fue posible entrar. Desde afuera se escuchaban detonaciones y el lanzamiento de gas lacrimógeno”, relató Silvia “N”.

Foto: Especial
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Por su parte, Magdiel Carreña Cortés, quien se identificó como asesor jurídico de algunos cooperativistas, aseguró que la diligencia carece de fundamento legal claro y sostuvo que cuentan con un amparo identificado como el 37 que, según dijo, les otorgaría la posesión derivada del consejo de administración emanado de la asamblea del 26 de agosto de 2020. Calificó el operativo como un acto violento y contrario a derecho.

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La diligencia judicial ocurre en medio del conflicto entre dos grupos que se disputan el control de la planta. Un juez del Estado de México autorizó el operativo, en el que participaron autoridades mexiquenses con apoyo de corporaciones de Hidalgo.

La planta Cruz Azul se mantiene en disputa entre trabajadores afines a Guillermo Álvarez Cuevas y el grupo encabezado por Víctor Velázquez. Desde 2018 se han registrado diversos intentos por recuperar el control del complejo, algunos con episodios violentos y litigios en curso en los que ambas partes aseguran contar con resoluciones favorables.

El conflicto ha generado pérdidas estimadas en más de 25 mil millones de pesos. La planta permanece sin operar desde hace varios años tras el corte de energía eléctrica ordenado judicialmente, lo que ha detenido una capacidad productiva aproximada de 3.5 millones de toneladas de cemento anuales.

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afcl/LL

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