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Guevea de Humboldt, Oaxaca
El serpenteante camino desde la planicie hasta el nacimiento del río Los Perros, entre las montañas que resguardan desde hace más de medio siglo a los hombres que llegaron de las nubes, los binnizá, primeros habitantes de la zona, no sólo alcanza los 42 kilómetros de longitud, también se mide por la pobreza moderada y extrema que viven tres municipios que comparten ese camino cementado y agujerado, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Santiago Laollaga, Santa María Guienagati y Guevea de Humboldt son tres de los 36 municipios del Istmo de Tehuantepec que la Jurisdicción Sanitaria Número 2 catalogó como “limpios”, sin ningún caso positivo ni sospechoso de coronavirus. Tampoco tienen vecinos con casos registrados, por lo que figuran entre las 269 alcaldías que el gobierno federal llama Municipios de la Esperanza, los que pueden regresar mañana 18 de mayo a la “nueva normalidad”, si así lo consideran.
La realidad es que están lejos de retornar a una “nueva normalidad”. Guevea de Humboldt y Santa María Guienagati son localidades de alta marginación, con 87% y 88% de pobreza —dividida entre moderada y extrema—; Santiago Laollaga tiene 55%. Estas poblaciones continúan en la normalidad de siempre: el abandono institucional, la migración, el campo colapsado y la corrupción.
Los filtros y la migración
Antes de subir a la Sierra mixe-zapoteca se atraviesa el primer filtro sanitario en la población de Santiago Laollaga, este destino turístico posee un balneario natural que cerró el 10 de abril. Un grupo de policías municipales y una enfermera hacen el alto a todo vehículo. A todo visitante le toman la temperatura, le preguntan sobre su ruta y le advierten que sólo puede cruzar la población y no bajar; otro grupo de policías vigila el tránsito del auto hasta que sale del pueblo.
A 33 kilómetros de Laollaga, el segundo filtro son dos agentes resguardados debajo de frondosos árboles sosteniendo una larga soga que atraviesa la carretera en la entrada de la población de Santa María Guienagati. En esta localidad la vigilancia policiaca está en sus tres salidas hacia las montañas.
En el lugar del filtro se concentran las camionetas del transporte público y los taxis, tienen prohibido entrar a la comunidad mixe-zapoteca, como parte de las medidas que determinó el Cabildo municipal y los principales del pueblo, estos últimos forman parte de los ancianos que norman las costumbres y tradiciones.
El tercer filtro sanitario está en la entrada de Guevea de Humboldt, a nueve kilómetros de Guienagati. Aquí la orden es no dejar pasar a nadie ajeno a la comunidad ni oriundos que vivan fuera, ya sea en Estados Unidos o en el interior del país.
Cuando el gobierno federal implementó la primera fase de la contingencia, la autoridad recomendó a sus habitantes avisar a sus familiares que no volvieran al pueblo, porque no se les permitiría la entrada.
“Es una medida fuerte, porque tenemos muchos migrantes, pero no podíamos dejar entrar a nadie que viviera fuera (...) eran un riesgo. Sólo entraron dos personas antes de que estuviera el filtro sanitario, pero aun así, se les aisló 15 días” , explica Ángel Díaz Cabrera, suplente del presidente municipal.
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa reconoció el 13 de mayo, durante su intervención en Palacio Nacional, que gracias a los filtros sanitarios establecidos por las comunidades indígenas en el estado se lograron frenar los contagios de Covid-19.
Protección fuera del pueblo
María Barrera González no usa cubrebocas en su casa ni en las calles de Guevea de Humboldt, debido a la seguridad que le da estar en una zona no contaminada.
Su hija, quien atiende en el mostrador de la tienda de abarrotes y verduras, porta careta y guantes. Dos veces a la semana se blinda de pies a cabeza cuando se va a surtir de mercancía a Juchitán; allá, ella se siente en la zona más peligrosa del mundo.
Hospital inconcluso
En 2005 el entonces gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, comenzó en Guevea de Humboldt la construcción de un microhospital de 10 camas que nunca concluyó, quedó 50% de su infraestructura, prácticamente en obra negra y abandonado. Desde el año pasado es sede provisional de la Primaria Benito Juárez, afectada por el sismo de 2017.
La autoridad, que encabeza Rubén Ortiz Ramírez, solicitó al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y al Programa de Desarrollo de México la terminación del hospital y su equipamiento, incluyendo ventiladores y respiradores para pacientes con Covid-19, debido a que los 8 mil habitantes son atendidos en una unidad médica rural que carece de los servicios básicos y los pacientes son remitidos al hospital de Matías Romero, ubicado a cuatro horas de distancia, y que también tiene deficiencias.
“Si por alguna razón llega [la enfermedad] a la zona, aquí nadie se salva, porque la unidad médica sólo atiende a 12 personas por día y el hospital que nos toca está hasta Matías Romero; allá sólo hay un respirador. Urge que nos terminen el hospital que está abandonado desde hace 15 años, lo empezaron a construir, no lo terminaron y nos engañaron”, lamenta Jacinto Gómez Reyes, regidor de Salud del ayuntamiento de Guevea.
Imposible, la sana distancia
Francisco Jiménez Avendaño, director de la institución, reconoce que en el próximo regreso a clases no se podrá practicar la sana distancia, pues las condiciones en las aulas provisionales no lo permiten.
“Vamos a regresar a nuestra normalidad, la que no respeta la sana distancia. Los niños comparten mesabanco, estamos amontonados porque, a casi tres años, aún no reconstruyen la escuela. Regresaremos sin salones adecuados, regresaremos a lo mismo”.
Las autoridades de Guienagati y Guevea de Humboldt coinciden en la preocupación del regreso de los maestros a las más de 40 poblaciones de la Sierra mixe-zapoteca, ya que 80% del personal es de Juchitán, Ixtepec, Tehuantepec, El Espinal y otros municipios de las zonas urbanas, donde los casos de Covid-19 están activos.
“Muchos de los maestros van y vienen todos los días; otros, cada tres días, así que este ir y venir será riesgoso (...) Se tendrá que establecer una estrategia para que se garantice la seguridad de los niños y de las comunidades”, indicó Gómez Reyes.
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