Amparan derechos de las comunidades indígenas

Morelia.— El pleno de la Cámara de Diputados local aprobó la reforma constitucional que amplía, consolida y eleva a rango constitucional losderechos de los pueblos indígenas.

La minuta fue aprobada por unanimidad. Los 34 representantes populares de Michoacán están de acuerdo en que 22 derechos relacionados con la autonomía, el presupuesto directo, la seguridad, los derechos de las mujeres, la salud, educación, cultura, obras públicas y las lenguas originarias sean los que se amplíen y se consoliden.

Por ello, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), celebró esta aprobación que calificó de “histórica”.

Dijo que de las reformas destacan el reconocimiento al cuarto orden de gobierno en la figura de las comunidades indígenas, las que tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio. Se constitucionaliza el derecho de autogobierno y acceso al presupuesto directo, así como el de seguridad comunal.

De esta reforma se establece que ninguna ley podrá ser invocada para quebrantar los derechos de las comunidades indígenas, consagrados en este ordenamiento jurídico, y que los partidos políticos, diputados locales, presidentes municipales, síndicos o regidores deberán abstenerse de realizar cualquier acción u omisión que vulnere o ponga en riesgo las decisiones comunales.

Ramírez Bedolla indicó que en el proceso de construcción de la reforma aprobada, las comunidades indígenas fueron participativas y coad- yuvantes en la lucha jurídica para el reconocimiento de sus derechos.

Por ello, se recopilaron las opiniones y aportaciones de las mismas, con la finalidad de que fuera una propuesta íntegra que permitiera garantizar el acceso al autogobierno y ejercicio del presupuesto directo.

Asimismo, el mandatario michoacano afirmó que la administración estatal acompañó las propuestas presentadas por las comunidades indígenas al Congreso del estado, las cuales fueron amplia y debidamente consultadas, en concordancia con el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos internacionales.

El Congreso tendrá un plazo de 180 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las adecuaciones normativas para dar cumplimiento al mismo.