A 22 días del , el joven estudiante y futbolista de 16 años que fue ultimado de un balazo en la cabeza por elementos de la policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, la (DDHPO) solicitó medidas de protección para sus familiares .

La petición está dirigida a las autoridades estatales, para que garanticen “la integridad de las víctimas indirectas”, ante la exigencia de justicia de la familia por el crimen cometido el pasado 9 de junio.

“En el contexto de violencia expresada en la circunstancia de los hechos, este organismo autónomo considera de fundamental importancia que familiares y defensores de derechos humanos que acompañan el caso y que luchan por la verdad y justicia, sean protegidos en el ejercicio pleno de sus derechos”, señala la Defensoría, y agrega que caminará con ellos.

Según la DDHPO, tras el inicio de la queja por el homicidio del joven futbolista, ha recibido informes de las autoridades municipales de Acatlán de Pérez Figueroa y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), por lo que continuará con las investigaciones correspondientes informando también a la familia.

“Para los visitadores y defensores del ente autónomo, el principio de la dignidad de las víctimas es el eje rector de su trabajo, por ello, desde que se tiene conocimiento de los casos, se entabla comunicación directa con las víctimas”, señaló.

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La institución autónoma explica que ante hechos de violaciones graves a los derechos humanos, como el caso de Alexander, se establece comunicación y acompañamiento de los familiares, respetando en todo momento sus determinaciones, y pugnando por la verdad, justicia y no repetición.

En lo que va de junio, suman tres los casos de abuso policial que se han dado a conocer en la entidad. Luego del asesinato de Alexander en Acatlán, se destapó el caso de Diego y Jaciel, dos hermanos quienes fueron entregados por policías municipales de Huitzo a hombres que los golpearon hasta darlos por muertos, sólo Jaciel sobrevivió.

En ambos casos se ha detenido a un expolicía de dichas corporaciones, mismos que han sido vinculados a proceso.

El tercer caso es el de Ángel, joven a quien en marzo pasado policías municipales de Tlaxiaco dispararon y fracturaron ambas piernas, y quien desde entonces no ha vuelto a caminar. Familia y organizaciones exigen que se indague como un delito de tortura.

om/hm

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