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El movimiento “Voces Unidas por Puerto Morelos” contradijo hoy el saldo positivo enunciado por la alcaldesa, Laura Fernández Piña, durante su primer Informe de Gobierno, rendido en el Parque principal del casco antiguo , en un ambiente crispado, en el que las rechiflas de ciudadanos ante el desempeño de la edil, compitieron con aplausos y porras de otros pobladores.
A través de un manifiesto público, el grupo ciudadano le reclamó a la munícipe el no haber movido un dedo para recuperar el territorio que perdió la alcaldía al separarse de Cancún y volverse municipio; le exigió dar marcha atrás con el empréstito por 20 millones 400 mil pesos que pretende contraer y solucionar las invasiones y despojos en la zona costera de Punta Brava.
“Voces Unidas de Puerto Morelos, integrado por científicos, académicos, investigadores y ciudadanos en general, enlistó una serie de compromisos incumplidos por Fernández Piña, lo que incluye solicitudes no atendidas e incluso, la queja por no radicar en el municipio que preside.
Entre las peticiones “nulamente atendidas”, se menciona el consensuar el proyecto de remodelación del Parque Central y las gestiones hechas ante el Congreso del estado para recuperar el territorio perteneciente a Puerto Morelos, que quedó del lado del municipio de Benito Juárez, cuando se dio la separación de ambos.
Otros de los temas no atendidos, es “la resolución de la venta ilegal de predios pertenecientes al Fideicomiso ” y la denuncia por la recepción irregular de pagos de impuesto predial en terrenos con cédulas catastrales duplicadas en Punta Brava , que motivaron una serie de invasiones e intentos de despojo como parte de un entramado que saltó a la luz pública a finales del 2016.
El tema más inmediato, versa sobre la solicitud del crédito por 20 millones 400 mil pesos hecha por el gobierno de Laura Fernández, para el cual se solicitó el aval del Congreso de Quintana Roo , el seis de septiembre pasado.
La finalidad del empréstito es realizar la conversión de la red general de distribución del aérea subterránea en las supermanzanas 01 y 02 del municipio.
Las y los ciudadanos exigen a la alcaldesa que desista, al recordarle que en campaña se comprometió a no solicitar ningún tipo de empréstito, ni a endeudar al ayuntamiento, lo cual refrendó mediante el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.
“Consideramos que antes que nada se debería presentar el proyecto a los portomorelenses; el cableado subterráneo no es una obra prioritaria para la mayor parte de la población de Puerto Morelos y Leona Vicario y no justifica endeudar al municipio.
“Existen otros temas de mayor prioridad y urgencia en el Municipio, como lo es la instalación y operación del sistema de drenaje, para evitar la contaminación de los ríos subterráneos que son fuentes de atractivo turístico y que finalmente desembocan en la laguna arrecifal”, se lee en el manifiesto.
La obtención de recursos -señalan- puede ocurrir por otras vías, incluso, mediante una re-estructuración financiera que permita dedicar más presupuesto a obra pública y menos a nómina, eventos “populares”, ni a promocionar la imagen de la edil, diariamente en los medios de comunicación.
El grupo ciudadano indicó que tampoco se ha instalado el Consejo Consultivo Ciudadano, como se solicitó; no se ha publicado el Reglamento de dicho cuerpo colegiado; no ha habido una verificación de las cantidades cobradas por impuesto predial, “que son excesivas”, ni se han atendido las más de 50 solicitudes hechas al órgano municipal de transparencia, lo que ha ameritado que se interpongan 25 recursos de revisión.
Durante su Primer Informe de Gobierno, la edil justificó que a su administración le tocó “construir desde cero”; ante las quejas sobre la opacidad en que ha transitado su gobierno, anunció que toda la información pública está disponible en las plataformas de transparencia y, después de un año, dijo haber cumplido con presentar sus declaraciones 3 de 3, es decir, la patrimonial, la fiscal y la de intereses.
“He cumplido con ese compromiso, con toda la información de mis bienes, absolutamente, toda. Ninguna propiedad, ninguna cuenta, ningún pie, quedó fuera”, aseguró, al convocar a los regidores a seguir su ejemplo e instruir a sus colaboradores de primer nivel, a hacer lo propio.
Al abordar el tema de Punta Brava, zona costera de alta plusvalía que llamó “la joya de la corona”, Fernández Piña dijo estar del lado de los “dueños legítimos”, pero no precisó cuáles.
La administración de la alcaldesa agudizó la incertidumbre jurídica en el filón costero, al extender una cedula catastral respecto a una Manzana inexistente adjudicada a una empresa llamada Gajo del Sureste, la cual se recorrió hacia la costa, invadiendo propiedad privada y afectando a más de una decena de particulares, quienes para defenderse del despojo, han tenido que invertir decenas de miles de pesos en abogados y recursos jurídicos.
“A los dueños legítimos de esos predios les digo que estoy de su lado, que vamos a trabajar de la mano para que ustedes mantengan su patrimonio”, dijo, para luego recordar que se instaló una mesa de trabajo con funcionarios estatales para revisar el tema.
Con relación a la deuda a contratar, reiteró que se trata de una “estrategia financiera” para recibir los 20 millones de pesos “de forma anticipada de lo que llegará a cuentagotas” por concepto de participaciones federales en los siguientes 10 meses, para financiar tres obras: La renovación de la infraestructura eléctrica del casco antiguo; la construcción de dos parques y la adquisición de un carro bomba y equipo para el Cuerpo de Bomberos.
“No dejaré deuda pública alguna a las administraciones venideras. Así me comprometí”, sostuvo la antes militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a partir del año pasado, militante del Partido Verde (PVEM).
msl
