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Hermosillo.— Cinco exfuncionarios de Morelos fueron vinculados a proceso por un juez federal, quien además les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán internados en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 11, en Hermosillo, Sonora.
La resolución se emitió durante la continuación de la audiencia inicial correspondiente a la causa penal 170/2026, celebrada en la Sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Sonora y encabezada por el juez de Control Édgar Alejandro Domínguez Villapudua. La audiencia se inició el martes a las 14:39 horas (tiempo del Pacífico), y concluyó este miércoles a las 15:40 horas, después de más de 24 horas de diligencias judiciales.
En la sesión, el juez ordenó que los acusados comparecieran de manera presencial en la Sala 2 y no vía remota, por lo que fueron trasladados desde el Cefereso 11, ubicado a unos 40 kilómetros de la zona urbana de Hermosillo.
Los imputados son Agustín “N”, Irving “N”, Pablo Adrián “N”, Horacio “N” y Jonathan “N”, detenidos el 20 de mayo por autoridades federales.
De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, los exfuncionarios son investigados por su probable participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos contra la salud, además de presuntos actos de extorsión.
Los fiscales también señalaron que los procesados presuntamente sostuvieron reuniones con Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, identificado como supuesto líder de una célula vinculada al Cártel de Sinaloa que habría operado e infiltrado al menos ocho municipios del estado de Morelos.
Los medios probatorios de la representación social se centran en un video y una fotografía en la que aparecen 10 personas, a las cuales el testigo protegido “RTN” identifica.
Entre los municipios señalados se encuentran Tlayacapan, Yautepec, Tlalnepantla, Totolapan, Yecapixtla, Ocuituco, Cuautla y Atlatlahuacán, ubicados en la zona oriente del estado.
En la audiencia participaron 11 abogados defensores, quienes solicitaron que el plazo para la investigación complementaria fuera de únicamente dos semanas, argumentando que la carpeta de investigación se encuentra abierta desde el 19 de febrero de 2025.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió un plazo de seis meses para continuar con las investigaciones, al señalar que fueron asegurados más de 20 equipos telefónicos que deberán ser analizados mediante dictámenes especializados en telecomunicaciones, así como la extracción de información digital.
Finalmente, el juez concedió un plazo de 15 días para el cierre de la investigación complementaria y fijó para el próximo 11 de junio de 2026 la continuación de la audiencia.
Los imputados son investigados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (Feitata).
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