A lo largo de 2021, los miles de migrantes indocumentados que pasaron o se encuentran en territorio nacional fueron víctimas de asesinatos, accidentes, extorsiones, represión, violencia, hacinamiento y enfermedades. En numerosas caravanas, se observó el movimiento de miles de hombres, mujeres y niños procedentes de Haití, así como de países de Centro y Sudamérica, África y Asia. Sin embargo, miles más transitaron sin ser vistos, de la mano de las redes del tráfico de personas.
Las cifras oficiales de extranjeros que entraron al país con situación migratoria irregular se dispararon este año.
Hasta octubre se había detenido a 228 mil 155 personas, la cifra más alta en 20 años, y hasta noviembre se habían recibido 123 mil 187 solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), 200% más que en 2020.
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El detonante fue la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, pues muchos creyeron que habría un cambio radical en la política migratoria de ese país, cosa que no sucedió. Las caravanas desde Honduras salieron con el inicio del año bajo la falsa premisa de que la Unión Americana abriría sus fronteras.
En marzo, EL UNIVERSAL documentó cómo, mientras el gobierno federal reforzaba la presencia de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) en Tapachula y la ribera del río Suchiate para detener el paso de migrantes en caravana, cientos de personas entraban a territorio nacional por el poblado de la Técnica, en el municipio de Ocosingo, entre la Selva Lacandona, paso controlado por el crimen organizado.
Si bien miles fueron detenidos al cruzar o en su camino hacia al norte, otros miles lograron atravesar el país por caminos cada vez más arriesgados, en vehículos y camiones operados por las mafias. A lo largo del año, decenas de veces el INM anunció lo que llaman “rescate” de extranjeros, que no es otra cosa que la detención de aquellos que pagaron miles de dólares a polleros y coyotes para llegar a EU.
Una cárcel llamada Tapachula
México se mantuvo en el papel de evitar que los migrantes llegaran a la frontera norte y trató de mantener al mayor número posible en Tapachula, Chiapas, generando una crisis local.
La migración haitiana fue la más numerosa y visible. Se llegó a hablar de hasta 47 mil 500 caribeños que durante meses intentaron, sin éxito, tramitar sus estatus de refugiados, para poder transitar libremente por el país.
Para ellos, Tapachula se convirtió en una cárcel donde no tenían oportunidad de hospedaje ni trabajo, mientras sus connacionales llegaban a diario huyendo de su país, que colapsó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio.
Conseguir una cita ante la Comar podría tardar hasta cuatro meses. Las autoridades migratorias se dijeron rebasadas ante el enorme número de solicitudes, pero pasaron meses antes de que se presentara una propuesta de solución. En noviembre dio inicio un programa para trasladar a extranjeros a 10 estados del país para que llevaran a cabo sus trámites migratorios, una iniciativa marcada por la corrupción, la cual documentó EL UNIVERSAL, al revelar que los pases para salir de la ciudad se vendían hasta en 300 dólares.
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Para salir de Tapachula, los migrantes optaron por unir fuerzas en caravanas. Decenas emprendieron el camino y sólo una llegó a la Ciudad de México.
Durante agosto y septiembre, las caravanas no lograron siquiera salir de territorio chiapaneco: todas fueron desmanteladas con violencia por agentes del INM, apoyados por la Guardia Nacional. Los videos de golpizas y jaloneos provocaron la condena de organismos internacionales.
El 23 de octubre dejó Tapachula la Caravana por la Paz, la Justicia y la Dignidad del Pueblo Migrante, encabezada por el activista Irineo Mujica, de Pueblos sin Fronteras. Eran más de 3 mil 500 personas de Haití y Centro y Sudamérica que tenían como destino la Ciudad de México, a la que llegaron el 12 de diciembre. En el camino, miles desertaron y aceptaron las visas temporales que les ofrecieron las autoridades.
La muerte los acompaña
Migrar puede costar la vida. Al menos 83 personas fallecieron este año en ese contexto, contando sólo los tres hechos que dejaron más víctimas: el primero ocurrió el 22 de enero en Camargo, Tamaulipas, donde fueron asesinados 17 migrantes y dos mexicanos, presuntamente polleros, por policías de Tamaulipas, quienes incineraron los cuerpos para ocultar la evidencia.
El 9 de noviembre, 10 hondureños murieron cuando las camionetas en las que viajaban chocaron entre sí en la frontera entre Chiapas y Tabasco.
El hecho más fuerte sucedió el 9 de diciembre, cuando un tráiler que transportaba a 160 migrantes, en su mayoría de Guatemala, se estrelló en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, con un saldo de 56 muertos y más de 100 heridos.
Los gobiernos, que han tolerado el tráfico de personas migrantes por omisión, lamentaron el accidente. Guatemala decretó una lucha contra las mafias coyoteras.
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