Periodistas: impunidad y disimulo

La tarde del 4 de mayo directivos del Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) —el principal organismo de su tipo en el mundo— abandonó con un gesto de frustración la residencia oficial de Los Pinos, donde minutos antes había concluido una reunión (https://www.cpj.- org/es/2017/05/-text.php#more) con funcionarios de alto nivel, encabezados por el presidente Enrique Peña Nieto.

“Nos otorgaron tiempo, pero no atención. Casi ni nos dejaron hablar”, compartieron en un rápido balance.

El grupo, que encabezó el periodista argentino Carlos Lauría —con 30 años en el oficio, 15 de ellos dedicados a la defensa del gremio en el continente americano—, portaba bajo el brazo el reporte Sin excusas (https://www.cpj.org/es/2017/05/sin-excusa-mexico-debe-quebrar-el-ciclo-de-impunid.php#- more), un nuevo esfuerzo del organismo para llamar a romper el ciclo de violencia e impunidad que afecta la labor de los informadores en México.

En la reunión de Los Pinos, el Presidente fue acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador de la República, Raúl Cervantes, y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, los tres formalmente responsables de encarar la crisis de asesinatos contra periodistas en el país. Hasta ahora, con resultados desastrosos, con mayor claridad en el caso de Cervantes Andrade, cuya tarea central es combatir la impunidad, el principal estímulo de un círculo vicioso criminal.

Este episodio aportó nuevos indicios del empantanamiento en que se encuentra el mayor drama que haya enfrentado el país en décadas en materia de libertad de expresión. Estamos frente a un escenario que suma gestión gubernamental fallida, normas legislativas insuficientes, complicidad de agentes del Estado, incapacidad de respuesta en el gremio y los medios de comunicación. Y quizá lo más grave: apatía ciudadana.

La ejecución del periodista Javier Valdez en Sinaloa, el pasado lunes 15, atrajo un nuevo ciclo de protestas en un sector al que le consta que esa indignación se ahoga rápido. En esta ocasión el tema atrajo un pronunciamiento del presidente Peña Nieto (https://youtu.be/BgaXbl0SL6A): un discurso elaborado apresuradamente por sus colaboradores, los cuales exhiben una mezcla de falta de compromiso y afán de disimulo.

Pero si a nivel federal el fracaso ante este tema es evidente, en los estados se agrega desdén e hipocresía,

El 3 de mayo, la víspera de su reunión en Los Pinos, los representantes del CPJ —que ha impulsado este causa por más de 35 años— viajaron a Veracruz, la entidad con mayor número de periodistas sacrificados y la más grave displicencia de las autoridades estatales, primero bajo el gobierno del príísta Javier Duarte, ahora con el mandatario aliancista Miguel Ángel Yunes Linares.

Desde semanas atrás, el equipo de Lauría intentó concertar una cita con el gobernador Yunes, sin éxito alguno. Ya en Veracruz convocaron a una conferencia de prensa para presentar su reporte, tras lo cual se dirigieron al aeropuerto para regresar a la capital del país. A punto de abordar su vuelo, recibieron una llamada telefónica, en la que un asistente de Yunes les pedía trasladarse a Xalapa, pues el gobernante estaba buscando “unos minutos” para recibirlos. Rechazaron la oferta, convencidos de que se trataba de una burla.

Años de debates sobre esta crisis han llevado a 6 conclusiones iniciales:

1.— La fiscalía creada por la PGR en 2006 para perseguir estos crímenes nunca fue tan inútil como en la actual administración. Durante los 22 meses que duró en el cargo Ricardo Nájera se produjo el asesinato de decenas de informadores, sin que esa oficina siquiera actualizara sus bases de datos en internet. El área fue desmantelada. Poco se espera de su relevo, Ricardo Sánchez, ajeno a asuntos judiciales. Surgió del equipo de la subprocuradora Irene Herrerías, y ambos del círculo del subsecretario Roberto Campa.

2.— En el Congreso se han frenado propuestas para tipificar, como ocurre en otros países, el delito de crímenes contra la libertad de expresión. Ello deja a la citada fiscalía sin capacidad para atraer desde los estados casos emblemáticos.

3.— Al Mecanismo de la Secretaría de Gobernación diseñado para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos se le dejó sin presupuesto este año por insensibilidad gubernamental, pero también por falta de transparencia en la asignación directa hecha por el propio Mecanismo de un contrato millonario y multianual con una compañía de capital judío, que implementa las medidas de seguridad y lo mismo provee escoltas y carros blindados que coloca bardas o alarmas en forma virtualmente discrecional.

4.— El presidente Peña Nieto instó a los estados a crear fiscalías similares a la de la PGR. Ya existen algunas, entre ellas en Veracruz. Todas, inútiles, si no es que cómplices de los criminales.

5.— Poco protagonismo ha tenido la CNDH, que cuenta con un programa especial de protección a periodistas, para ser un contrapeso de la incapacidad de los gobiernos federal y estatales en este campo.

6.— Medios y periodistas deben mostrar capacidad para establecer un trabajo paralelo a la autoridad que detecte los casos más graves, presione en contra de la impunidad, eleve las destrezas y estándares éticos de los periodistas que laboran en zonas de riesgo y fortalezca el vínculo de la prensa con la ciudadanía.

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