A nombre de Mancera, todo el terror de la justicia podrida

Ricardo Alemán

En las próximas horas, la Asamblea Legislativa podría ratificar —por los próximos tres años—, como presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal a Yazmín Esquivel Mossa, doctora en derecho que pregona que “toda persona debe someterse a la única dictadura aceptable: la dictadura de la ley”.

En las próximas horas, la Asamblea Legislativa podría ratificar —por los próximos tres años—, como presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal a Yazmín Esquivel Mossa, doctora en derecho que pregona que “toda persona debe someterse a la única dictadura aceptable: la dictadura de la ley”.

Yazmín es una exitosa abogada que en su gremio goza del favor del poder. Y es que presume que ella y su esposo, el constructor José María Rioboó son íntimos de Andrés Manuel López Obrador y de Miguel Mancera. Pero además presumen haber edificado los segundos pisos del Periférico y la Supervía Poniente.

Lo que no saben diputados a la Asamblea Legislativa, y menos Mancera, es que la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo —a la que pretenden ratificar en un alto cargo en el Poder Judicial del DF—, es presunta delincuente que se vale de su cargo para cometer tropelías, a nombre de la “dictadura de la ley”. ¿Quieren pruebas?

El portal especializado www.letraroja.com.mx comenzó a publicar el pasado domingo un serial del terror que ha vivido en México la pareja de venezolanos Antonio José Urbina Romero y su esposa, Coral Rojas Acosta, presos por el delito de demandar por daño moral y psicológico a la escuela de sus hijos; escuela propiedad de la pareja Mossa-Rioboó.

La historia es —literalmente— de terror. Y muestra el escandaloso nivel de corrupción, impunidad y complicidad del Poder Judicial del DF. Y el escándalo es tal que el caso es analizado por su presidente, Edgar Elías, quien indaga tráfico de influencias y conflicto de interés de la pareja Mossa-Rioboó.

Resulta que hace cinco años, Antonio José Urbina y Coral Rojas Acosta llegaron a México luego de salir de Venezuela a causa de la crisis económica. Buscaban refugio y un futuro mejor para sus tres hijos. Pero en México los atrapó la corrupción y llevan ocho meses “secuestrados” por el Poder Judicial del DF.

Antonio es un reputado especialista en sistemas que colaboró en la construcción de la Plataforma México y que al momento de su detención trabajaba en América Móvil. Coral es administradora de empresas.

Todo comenzó cuando inscribieron a su hijo mayor en el Colegio Westhill Institute S.C. Santa Fe, en diciembre de 2010. A partir de esa fecha y hasta diciembre de 2014 —cuando fueron detenidos—, pasaron un calvario en dicha escuela, en donde su hijo nunca fue inscrito de manera formal, a pesar de haber pagado todas las colegiaturas, de 15 mil pesos mensuales.

Luego de las escandalosas irregularidades —que incluyeron boletas falsas y hasta amenazas de muerte—, demandaron a la escuela por daño moral y daño psicológico. La respuesta fue la detención arbitraria, sin orden de aprehensión y el encarcelamiento en seis horas y una fianza de 30 millones de pesos. El delito imputado, “fraude procesal”, figura legal preferida por los juzgadores para vengarse de sus enemigos.

¿Y por qué prosperó el secuestro de los ciudadanos venezolanos a manos del Poder Judicial del DF?

Como ya se dijo, el colegio Westhill Institute S.C. Santa Fe es propiedad de José María Rioboó, quien presume amistad personal con Miguel Ángel Mancera y con Andrés Manuel López Obrador. Su esposa es la magistrada Yazmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Resulta que la pareja Mossa-Rioboó movió todas sus influencias para llevar a prisión a quienes demandaron penalmente a la “prestigiada escuela”. Pero el escándalo apenas empieza. Al tiempo.

www.ricardoaleman.com.m

Twitter: @ricardoalemanmx

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios