El caso Narvarte y la politización de la justicia

Raúl Rodríguez Cortés

A un año del homicidio de la Narvarte prevalece la intención de politizar la justicia, de convertir la tragedia en un embate político contra Mancera

A las ocho y 20 de la noche del viernes 31 de julio del año pasado, policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México llegaron al departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909, en la colonia Narvarte, en respuesta a un reporte de emergencia. Encontraron un escenario estremecedor: cuatro mujeres y un hombre asesinados con saña inaudita.

La Procuraduría capitalina tomó conocimiento del homicidio de la colombiana Mile Virginia Martín y las mexicanas Yesenia Alfaro Quiroz, Olivia Alejandra Avilés Negrete y Nadia Vera Pérez, así como del fotógrafo, también mexicano, Rubén Manuel Espinosa Becerril.

Éste último había trabajado en Veracruz como fotoperiodista independiente y sostenía una relación con Nadia Vera Pérez, activista a favor de diversas causas sociales. Desde esos días causaba gran inquietud la muerte de periodistas y la represión de activistas, en el (des)gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Por eso las primeras interpretaciones sobre el móvil del crimen apuntaron hacia el indefendible mandatario estatal.

Pero un video de las cámaras de seguridad de la CDMX documentó la  entrada  y posterior salida del departamento de tres sujetos, uno de ellos con una maleta presumiblemente cargada de droga. Fueron identificados como Daniel Pacheco Gutiérrez (detenido cuatro días después del crimen), el ex policía Abraham Torres Tranquilino (capturado el 30 de agosto siguiente) y Omar Martínez Zendejas (aprehendido el 11 de septiembre, cuando empacaba sus pertenencias para huir de la Ciudad).

De acuerdo con la investigación, ellos habrían ido a reclamar un cargamento de droga al departamento de Luz Saviñón, en el que por lo menos dos de las jóvenes muertas (la colombiana Mile y la mexicana Alfaro Quiroz) estaban dedicadas a la prostitución y al narcomenudeo.

David Peña y Karla Michel Salas son los defensores coadyuvantes de los familiares de las víctimas del homicidio múltiple. Con ellos han promovido diversas declaraciones que rechazan las pesquisas de la Procuraduría. Las madres de las jóvenes víctimas no aceptan que sus hijas se prostituían y traficaban con droga como acusa el Ministerio Público. Esto ha sido aprovechado por los familiares de los presuntos asesinos, quienes ahora argumentan que sus declaraciones sobre el crimen les fueron arrancadas mediante tortura. Eso abrió la puerta, otra vez, a la insinuación de que el verdadero móvil tiene que ver con las actividades del fotoperiodista y la activista.

Mientras un juez determina la verdad jurídica del caso, cabe preguntar ¿qué motiva a los coadyuvantes Peña y Salas? Una respuesta está en sus actividades políticas: David Peña ha sido asesor en muchos cargos de la ex perredista, hoy asambleísta de Morena Aleida Alavez Ruiz y antes brazo derecho en los grupos juveniles asociados al movimiento político del aún perredista René Bejarano, a la sazón adversario político de Miguel Ángel Mancera y del procurador Fernando Ríos.

Karla Michel Salas es pareja de Peña, y juntos, según se pudo corroborar, han defendido y pagado fianzas de todos los anarcos detenidos en las manifestaciones del 2 de diciembre pasado y del 1 de diciembre de 2012, cuando tomó posesión Peña Nieto.

De manera que, a un año del homicidio múltiple, prevalece la intención de politizar la justicia, de convertir la tragedia en un embate político contra Mancera y Ríos Garza, sin considerar, siquiera, que ha sido uno de los casos resueltos con la mayor celeridad, pues a cuatro días del homicidio múltiple ya había un detenido. Pero los detractores probados del jefe de Gobierno insisten en la idea equivocada de que para aclarar los hechos es precisa la clarificación del móvil. La investigación sigue abierta, no obstante que videos y otras evidencias señalan contundentemente a los tres detenidos como los autores del homicidio de la Narvarte que el domingo próximo cumplirá un año de cometido.

INSTANTÁNEA. NADIE ESTÁ A SALVO. ¿Cuál es el colmo de un defensor de los usuarios de la banca? Que le clonen la tarjeta de crédito. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Constanzo. El sábado detectó en su tarjeta Bancomer operaciones por 51 mil pesos no realizadas por él. El jurídico de la institución financiera le informó que su tarjeta fue clonada en Nueva York, ciudad a la que no ha viajado desde diciembre pasado.

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@RaulRodriguezC

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